A pesar de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha emprendido acciones que contribuyeron a reducir el riesgo de inflación, es necesario complementarlas con medidas que aumenten la seguridad de los inversionistas.
La inflación en el Perú ha tenido un desempeño muy irregular desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, debido a diversos factores. Por el lado de la oferta, a raíz de la COVID-19, se ha producido un quiebre de las cadenas logísticas del mundo durante el 2020 y el 2021. Estas cadenas, que tienen su origen en China y los países del sudeste asiático, generaron un retraso en muchos productos, sobre todo de manufactura. Ese fue el caso de los autos y los electrodomésticos.
Al mismo tiempo se generó un alza en los precios de los insumos, en particular aquellos asociados al petróleo y la energía. Estas razones, por el lado de la oferta, generan cuellos de botella en muchos sectores productivos y un incremento de los precios. Por eso, en el Perú, vemos un aumento de precios en todos los productos asociados a alimentos, ya que su costo de transporte es importante para la cadena productiva.
Por otro lado, la demanda, en general, ha remontado con mucha mayor fuerza a lo proyectado en el ámbito global. El Perú, por ejemplo, ha registrado un aumento en los niveles de consumo, demanda e inversión, que es superior al 2021. Sin embargo, aún se registran problemas en las cadenas productivas que impactan en la canasta de consumo básico del peruano promedio, de la cual un 38 % corresponde a los alimentos. ¿Qué acciones debe tomar el Gobierno para mejorar la situación?
La inflación tiene dos componentes importantes. El primero es el componente concurrente o pasado, que en este caso sería el efecto de la subida de precios en la canasta familiar. El segundo son las expectativas, es decir, qué espera el público o los inversionistas respecto de la inflación.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) está moviendo la tasa de recelo para evitar que aumenten las expectativas sobre un aumento de la inflación, que a diciembre 2021 cerró en 6.4 % en el Perú. La meta es ubicarla en el rango del 3 % a finales del 2022. Para ello, debe seguir impulsando una política monetaria expansiva.
A ello debemos agregar que, si nos fijamos en los reportes de inflación, los analistas financieros y académicos coinciden en que, en efecto, la inflación descenderá. A nivel de canasta básica, se estima que, en el 2022 y a menos que tengamos un problema crítico como una nueva ola mortal de la COVID-19, es probable que registremos una recuperación importante en las cadenas de logística, al igual que con la demanda.
Si bien las medidas actuales son pertinentes, esta reducción de inflación tendría que acompañarse de un fomento de la confianza empresarial. Si bien ahora el panorama internacional luce bastante bien, las expectativas pueden variar de aquí al 2023, sobre todo en lo referente a la inversión privada, debido a la incertidumbre persistente. En ese sentido, el BCRP y el Gobierno deben plantear más políticas para alentar la inversión.
En la cabeza de muchos empresarios se mantiene la preocupación sobre una posible modificación de la Constitución, lo que aumentaría el riesgo en la inversión pública y privada, así como en el nivel de consumo de las familias. Si esta posibilidad se descarta, el aumento de la inversión y de la producción impulsaría el empleo formal en el país, uno de los sectores más afectados por la pandemia.
Para mantener protegido al Perú del fantasma de la inflación, es crucial mantener la independencia del BCRP respecto al Ejecutivo. Al mismo, tiempo, es preciso definir cuál será el rol de la inversión privada en este Gobierno y brindar a los inversionistas más seguridad y accesibilidad. ¿Qué otras acciones serán necesarias? Déjanos tu opinión.
Para mantener protegido al Perú del fantasma de la inflación, es crucial mantener la independencia del BCRP respecto al Ejecutivo. Al mismo, tiempo, es preciso definir cuál será el rol de la inversión privada en este Gobierno y brindar a los inversionistas más seguridad y accesibilidad.
PhD en Economía por la Universidad de Pittsburgh, con especialización en Macroeconomía, Comercio y Finanzas Internacionales. Ha sido Miembro y Presidente del Directorio de POPULAR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Se ha desempeñado como Asesor y Gerente Central de Desarrollo (e) de la Contraloría General de la República y miembro del Consejo Directivo del OSIPTEL. Ha sido consultor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Profesor Principal de la Universidad ESAN y Director de la Maestría en Gestión Pública.
La falta de gestores públicos eficaces, que promuevan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el personal de salud y la vigilancia epidemiológica, es nuestro principal talón de Aquiles en la lucha contra la COVID-19.