La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a la “resiliencia” como ‘la capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible’. Ello incluye la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos.

Hace más de dos años que vivimos con la presencia de la COVID-19. Si nos remontamos al 5 de marzo del 2020, cuando se reportó el primer caso en el Perú, y lo comparamos al día de hoy, vemos que se ha aprendido y se han tomado medidas de acuerdo al nuevo escenario.

Adaptación clave en el sector

A nivel del sector agrario, es evidente el crecimiento de las agroexportaciones. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los envíos al exterior sumaron USD 8874 millones, lo que marcó un nuevo récord. Los principales productos exportados fueron arándanos (+22 %), uvas (+21.6 %), paltas (+39.7 %), mango (+11 %), cacao y derivados (+10.2 %), y espárragos (+3.5 %).

Cuando hablamos de adaptación a los diversos factores que afectan al sector agrario, esperamos que sean los productores quienes realicen cambios que se adapten a las exigencias del mercado, desarrollen prácticas sostenibles, utilicen semillas certificadas o hagan buen uso de los plaguicidas y manejo de residuos. Si bien hemos registrado avances en el cierre de brechas, seguir en ese camino, sin el respectivo financiamiento, resultará más dificultoso.

A nivel de financiamiento, los productores agropecuarios son clientes riesgosos para la banca privada, ya que su actividad genera un riesgo inherente. Piero Ghezzi, exministro de la Producción del Perú, menciona, en una de sus publicaciones, que la tasa de interés que se requeriría cobrarles, debido a los elevados costos y riesgos, tendría que ser bastante alta. Ello acentuaría el riesgo de no pago, o morosidad, lo que, a su vez, reduce el apetito por prestarles.

Esta situación amerita la participación del Estado en distintos niveles de Gobierno, mediante el desarrollo de estrategias de acercamiento a fuentes de financiamiento no reembolsables que, con un nivel de exigencia menor, permita a un grueso de la población rural acceder a un capital para mejorar los diversos factores de producción. Aunque la exigencia no es la misma que en la banca privada, hace falta presentar propuestas para lograr la sostenibilidad de la organización agraria. Esto solo se logrará interiorizando el concepto real de asociatividad y acompañándolo de una gestión empresarial que no solo busque crecimiento, sino también desarrollo.

En clases, cuando desarrollamos los factores de éxito de una propuesta de inversión, más que la debilidad en la propuesta técnica, destacamos la orientación al fortalecimiento organizacional y dejamos la mirada tradicional de mercado para ingresar a una cadena de valor. Este proceso implica cambios en todos los eslabones.

Fuentes de financiamiento

La segunda reforma agraria, nueva política sectorial, definió ejes a impulsar que pueden ejecutarse con propuestas a los distintos fondos no reembolsables. Ello representa importantes fuentes de financiamiento para el sector, sobre todo en el caso de Procompite. Esta herramienta se ha usado al 3 % de su capacidad, cuando su potencial sería superior a S/1000 millones. A diferencia de otros fondos, como Agroideas, Procompite depende de una decisión política del presidente regional o el alcalde.

Buscamos promover prácticas sostenibles en el campo, aunque sabemos que implica un mayor costo de producción y, en algunos casos, menor producción, pero no promovemos el acompañamiento de financiamiento con asistencia técnica para que los agricultores empiecen a hacer cosas distintas. Buscamos mejorar tecnología y orientarla hacia la industrialización rural, pero no la acompañamos de capital de trabajo. Buscamos reducir la brecha de asociatividad, pero solo pensando en el frío indicador del número de organizaciones agrarias formalizadas.

Es necesario conocer las fuentes de financiamiento disponibles, a nivel de créditos o fondos no reembolsables, y ayudar a las diversas organizaciones a dar un paso adicional en la cadena de valor, lo que implica fortalecer la asociatividad con gestión empresarial. ¿Qué otras acciones hacen falta? Déjanos tu opinión.

* Jorge Sandoval es docente  del PEE en Agronegocios en ESAN. 

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