Según Jorge Barata, la constructora brasileña realizó aportes de dinero a las campañas electorales del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (300 000 dólares), del ex presidente Ollanta Humala (3 000 000 dólares), de la ex candidata y actual líder de oposición Keiko Fujimori (1 000 000 dólares), del ex presidente Alan García (200 000 dólares), del ex presidente Alejandro Toledo (700 000 dólares1) y de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, con un aporte de (2 000 000 dólares). 

Sin necesidad de ser agudos analistas, los ciudadanos pueden observar que todas las tendencias políticas están comprometidas, sean de derecha, izquierda o de centro. Lo más increíble no ha sido comprobar lo que la gran mayoría ya sospechaba, sino observar como todos los políticos involucrados, sin excepción, usaron sus redes sociales para negar e incluso retar a probar las afirmaciones que hizo Barata. Como si los peruanos no supieran que cuando el aporte de dinero de una campaña política no se desea declarar no existe un comprobante de pago o pruebas incriminatorios más allá de las declaraciones de los participantes.

Son tiempos difíciles para las instituciones democráticas así como para la ciudadanía porque los mayores temores acerca de la clase política y su cercanía con los intereses privados se convirtieron en realidad.

¿Qué sucede cuando los políticos deciden negar lo evidente frente a todos?, ¿nos encontramos en un punto en el cuál la verdad perdió valor? Pareciera que lo único importante para ellos es gritar a viva voz un mensaje exculpatorio preparado con anticipación y junto a una portátil que hace las veces de triste comparsa. Así, las declaraciones que fueron tan esperadas y catalogadas por algunos medios de comunicación como "una bomba atómica" para la política peruana se encontraron con actores cuestionados que negaban una y otra vez el haber recibido dinero.

Sobre las repercusiones

Ya algunos expertos legales indicaron que si el político cuestionado ocupó un cargo público se podría tratar el caso como corrupción. En la situación de que no hubiera llegado a esta posición se trataría de un caso de lavado de activos. Por otro lado, es poco probable que aparezcan otras pruebas más allá de las declaraciones de los directivos de Odebrecht, que fueron desmentidas con rapidez por los acusados.

El poder judicial iniciará sus pesquisas y en algunos casos llegará a sanciones concretas, pero en muchos otros casos puede ser que no encuentre pruebas suficientes que las ameriten. Solo quedará entonces el descrédito cada vez más arraigado de la clase política.

En ese contexto, otras posibilidades peligrosas pueden empezar a aflorar. Por un lado la tentación de opciones antisistema y por el otro, el encumbramiento de liderazgos independientes efímeros carentes del soporte institucional de un partido.

Son tiempos difíciles para las instituciones democráticas así como para la ciudadanía porque los mayores temores acerca de la clase política y su cercanía con los intereses privados se convirtieron en realidad. El radio de alcance de la explosión es mayor al estimado y prácticamente no dejó a ningún líder político del Perú indemne.