Las idas y vueltas del gobierno peruano en torno a la solicitud de visa a los ciudadanos mexicanos que quieran ingresar a nuestro país provocaron un gran debate, tanto a nivel de manejo de relaciones exteriores, como a nivel económico, por los impactos de la medida en el sector turismo a corto y mediano plazo. Si bien esta medida no será aplicada – felizmente – es importante reflexionar sobre el ruido generado.

Un primer aspecto por considerar es la falta de visión de nuestras autoridades en un primer momento. Esta afirmación se explica por lo siguiente: de acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el 2023 visitaron nuestro país 76 mil 300 turistas mexicanos, lo que equivale a un 3 % de los visitantes provenientes del extranjero que llegaron al Perú durante el año pasado y le valieron a México ocupar el noveno lugar en el ranking de mercados emisores de turistas.

En un contexto de crisis económica y donde el sector turismo se ha visto muy perjudicado, al punto de no haber logrado recuperar el volumen de turistas que se tenía prepandemia, toda barrera que se coloque para acceder a nuestro país es perjudicial, más aún si consideramos que México es una de las potencias latinoamericanas y existe conocimiento de su población sobre los destinos que ofrece nuestro país, a diferencia de otros mercados (sobre todo Asia y Europa), donde la Marca Perú está lejos de ser sólida.

Si bien la decisión del gobierno peruano puede estar justificada a través de la figura de la “reciprocidad” y al cuestionable comportamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de los últimos años, existía un alto riesgo de que la cifra de turistas mexicanos disminuya este 2024 (se estimaba una reducción del 70 % de visitantes), lo que complicaría una recuperación del sector. Si lo analizamos en perspectiva, existen más contras que pros en la decisión de exigir el visado.

Un segundo aspecto por considerar y que también resulta cuestionable es que los mayores críticos fueron aquellos políticos o actores sociales que poco o nada hicieron para proteger el turismo y la imagen del país en los últimos años, sobre todo durante los excesos que se cometieron en las protestas de fines del 2022 y principios del 2023, y en donde existió un maltrato hacia los turistas extranjeros. Aquí resulta oportuno recordar los daños a la infraestructura del Hotel Marriot y del Hotel Belmond Río Sagrado en Cusco que dieron la vuelta al mundo. También es importante resaltar el silencio cómplice durante el paro en Machu Picchu Pueblo producto de la venta de entradas virtuales y en donde también se cometieron maltratos con los visitantes.

En estos acontecimientos no hubo una posición unánime en la clase política para proteger al sector, pidiendo calma a la población para no perjudicar a los turistas, tanto en términos de cumplimiento de itinerarios o cuestiones mínimas como la preservación de su seguridad física y mental.

Lamentablemente, lo que tenemos es una sucesión de grandes errores y falta de preocupación por el turismo en los últimos años. Aquí podemos señalar las deficientes políticas de reactivación y apoyo para el desarrollo de los pequeños y mediados negocios, el resquebrajamiento de la Marca Perú y, por supuesto, la falta de políticas que tengan una visión a largo plazo y que estén conducidas por profesionales entendidos en la materia y lejos de cuotas de poder o amiguismos, como sucedió con la improductiva gestión de Roberto Sánchez, durante el gobierno de Pedro Castillo, por citar un ejemplo.

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