Actualmente, vivimos en una etapa de la historia que ha sido denominada como la "Sociedad de la Información", la misma que se caracteriza por la capacidad humana de generar desarrollo social y económico en base a la gestión de la información (y del conocimiento), así como por la facilidad para crear, divulgar y compartir data.

En este contexto de desarrollo humano hay dos vertientes aparentemente divergentes en torno a la información que sirven para la estabilidad democrática:

Por un lado tenemos la Protección de Datos Personales - desarrollada como respuesta a fenómenos como el nazismo y toda forma de autoritarismo-, que busca evitar que el Estado o cualquier privado (empresa, colectivo o individuos) pueda, utilizando la información de las personas, generar mecanismos de discriminación por color de piel, credo político, opción sexual, filiación religiosa, datos genéticos, entre otros. De igual modo, evita la vulneración de libertades y derechos de personas que hayan podido brindar su información.

Del otro lado tenemos a la Legislación de Acceso a la Información Pública que fue creada para transparentizar el Estado al ser un instrumento de lucha contra la corrupción que fomenta la democracia basada en la transparencia y no en una cultura de secretismo.

Ambas legislaciones son básicas para la vida moderna y para la democracia. Sin embargo, la legislación de datos personales se ha venido utilizándose erróneamente al bloquearse legítimos accesos a la data que debía servir para transparentizar el Estado. Así, el Congreso de la República ha denegado reiteradamente información de acceso público y la Autoridad Nacional de Datos Personales ha emitido resoluciones que afectan la republicación de normas emitidas por el Estado que son de libre acceso.

Otro aspecto que debe combatirse son las posturas que consideran la Legislación de Datos Personales como un impedimento de acceso a la información. Los datos personales son de cada persona y su uso debe estar adecuadamente regulado para evitar abusos. Ir en contra de esta normativa es no entender la privacidad como un derecho humano básico y fundamental, el cual fue reconocido por Naciones Unidas en la Asamblea de Diciembre del 2013 mediante su resolución 68/16: "El derecho a la privacidad en la era digital".

La Legislación de Datos Personales y el Acceso a la Información pública se crearon para ser instrumentos de democracia y de respeto de derechos humanos; no fueron diseñados ni deben ser utilizados como herramientas de impunidad y menos aún para intentar hacer revisionismo contrarios a nuestro devenir como sociedad. El #DerechoalOlvido no puede existir sin el #DerechoALaVerdad y mucho menos puede ser utilizado para que olvides. #YaMeCanseDeImpunidad. Esto último tiene que recordarse si consideramos la desaparición de los 43 normalistas en México o las diversas desapariciones en toda América Latina bajo regímenes dictatoriales, autoritarios y aún durante tiempos de "democracia". No se puede utilizar instrumentos creados para proteger información como herramientas para ocultar y tergiversar la historia.

¿Consideras que la Ley de Protección de Datos Personales cumplirá su propósito?

Esta entrada contiene un artículo de:

Erick Iriarte

Abogado. Maestría en Ciencia Política, especialización en Políticas Públicas y Sociedad Civil. Socio Principal, Jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías de Iriarte & Asociados. Director Ejecutivo de Alfa-Redi, ONG dedicada a investigación, análisis y propuestas de Políticas de la Sociedad de la Información.
Profesor del PADE Internacional Interactive Marketing Strategy de ESAN.