Las obras de construcción de la central hidroeléctrica Pongoracsa se remontan al 2011. El proyecto tenía un plazo de ejecución de tres años. El diseño del  proyecto estaba definido por tres frentes principales: la casa de máquinas, la sub estación, y la presa. Estos estaban separados por kilómetros de distancia, por lo que el proyecto había considerado la construcción de accesos vehiculares para conectar los frentes. Por este motivo, en las obras civiles se había previsto la construcción de una carretera  que conectara la casa de máquinas y la presa. 

Durante el planeamiento de la obra, la empresa ELECTRISUR, propietaria del proyecto, tenía planeado asignar todas las obras civiles a un solo contratista, sin embargo por una cuestión de plazos y presupuestos se decidió entregar las obras civiles a dos contratistas. 

Las obras esenciales fueron entregadas a una empresa que contaba con experiencia en trabajos subterráneos e hidráulicos. La obra del acceso vehicular a la presa fue entregada a otro contratista que si bien contaba con experiencia internacional en trabajos similares, no había trabajado antes en Perú.  

Al llegar al doceavo mes, el fin del plazo contractual, el avance acumulado fue solo del 15 % por lo que Green solicitó una ampliación de plazo de un año más para culminar la obra.

Demoras en las obras

Las obras civiles principales a cargo de la empresa KNI comenzaron a inicios del 2011, el contrato tenía un plazo de entrega de tres años. Por su parte, las obras civiles para el acceso vehicular hacia la presa a cargo de la empresa Green comenzaron el segundo semestre de 2011 y tendría un plazo de entrega de un año. De tal manera que en un año y medio la empresa KNI accedería por medio de la carretera construida por Green a la zona dónde se realizarían las obras de la presa. Sin embargo, después del tercer mes de inicio de obra, la empresa Green presentó severos retrasos en el avance de la obra de acuerdo a los plazos previstos en su contrato. Los retrasos de las obras continuaron hasta el punto en que al sexto mes de la obra se tenía un avance acumulado del 8 % es decir, 42 % menos de lo previsto. 

Al llegar al doceavo mes, el fin del plazo contractual, el avance acumulado fue solo del 15 % por lo que Green solicitó una ampliación de plazo de un año más para culminar la obra. ELECTRISUR evaluó las consecuencias del retraso de Green, entre ellas, KNI no podría continuar con las obras previstas en el frente de la presa, lo que se traduciría en reclamos contractuales de mayores costos directos e indirectos, y de ampliación de plazo por causales ajenas a KNI. Así se sobrepasaría el Capex -inversiones de capital que crean beneficios- de las obras, e incluso el Capex de la contingencia no alcanzaría para cubrir los reclamos económicos de KNI y otros contratistas secundarios. 

Por tanto, ELECTRISUR enfrentaría un problema mayor al no poder cumplir con los plazos de inicio de generación eléctrica acordados con el Estado peruano. Como consecuencia de esto, se generarían multas y penalidades en contra de ELECTRISUR, e indefectiblemente la desacreditación de la empresa ante su cliente, el Estado. 

Un plan de urgencia 

Frente a esta situación, a partir del noveno mes, el gerente del proyecto tuvo que tomar una decisión. Continuaba el trabajo y por ende confiaba en los plazos ofrecidos por el contratista Green, o encontraba una solución que permitiera a KNI acceder a la zona donde se construiría  las obras de la presa, a fin de que cumpla con los plazos previstos, y ELECTRISUR cumpla el compromiso del Comercial Operation Date (COD) con el Estado. 

El gerente de proyectos después de un complejo análisis de riesgos, evaluación financiera, y consecuencias contractuales tomó la decisión junto a su equipo y presentó una propuesta de solución al CEO de ELECTRISUR.  Esta consistía en realizar la conexión entre los frentes mediante un puente aéreo que serviría para trasladar materiales, personal y víveres, entre otros. Así también se trasladaría la maquinaria pesada como camiones tolva, excavadoras, equipos de perforación de túneles, las cuales serían desensambladas para después del traslado aéreo  volver a ensamblarse.  De esta manera se cumpliría con los cronogramas del contratista KNI, y con el compromiso del COD con el Estado. 

Las repercusiones

La decisión de efectuar el plan de urgencia llevó a realizar en plena ejecución de obra nuevos contratos con dos empresas de helicópteros. Una medida que no estaba prevista durante el planeamiento original del proyecto. En paralelo, se tuvo que concluir el contrato con Green, previa ejecución de su carta fianza, y convocar a una nueva licitación para elegir al nuevo contratista que asumiría las obras civilices del acceso vehicular. 

Durante el proceso se tuvieron que evaluar además las consecuencias de no tomar la decisión a tiempo, porque el atraso de Green complicaría el inicio de los trabajos de los contratistas electromecánicos ZTE. La decisión tomada a mediados del 2012 permitió que ELECTRISUR cumpliese con algunos meses de retraso con el COD ante el Estado. La decisión permitió que los reclamos económicos originalmente estimados por los contratistas KNI y ZTE se vieran reducidos al 20 %, lo cual estaba considerado en los planes y en el CAPEX  de contingencias. 

El análisis 

Se puede considerar desde el punto de vista del ciclo de vida del proyecto de Adize, que la decisión se tomó durante la adolescencia. Esto debido a que el proyecto había iniciado y ya había pasado la etapa GO-GO, pero todavía no había alcanzado la etapa de plenitud. 

También es posible definir que la decisión tomada se fundamentó en el modelo racional-político. Esto debido a que se analizaron las consecuencias de los retrasos generados por el proveedor Green y los impactos que estos ocasionarían con el Estado y con los proveedores KNI y ZTE. Asimismo, se debe considerar que desde el noveno hasta el doceavo mes (plazo contractual de GREEN), ELECTRISUR tomó decisiones políticas con Green mientras elaboraba un plan de urgencia no previsto para cumplir con el proveedor KNI, y el Estado para así evitar reclamos económicos, ampliaciones de plazos, y penalidades respectivamente.