¿Categorizar o acreditar? He ahí el dilema en el sector salud

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En nuestra normativa de salud, la categorización es obligatoria y se define como la clasificación de establecimientos de salud con base en el nivel de capacidad y características funcionales. En la práctica, regula la estandarización de procesos, infraestructura, equipamiento y gestión.

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La lógica del actual sistema de categorización es que, si todas las herramientas y los usos para las actividades en los servicios de salud son iguales, se obtendrán similares resultados de calidad, lo que termina siendo igual que pensar que vestir con el mismo uniforme a todos los estudiantes, o construir aulas idénticas en todas las regiones del país, garantiza la misma calidad en el servicio educativo. 

Con la Guía técnica de categorización, las Normas técnicas de infraestructura, los equipamientos por categoría y las normas correspondientes a cada unidad productora estandarizada, todo es más rígido, convirtiéndose en un corsé normativo y burocratizador de las iniciativas públicas y empresariales de gestión en salud. 

Problemas en la categorización

Las exigencias normativas plausibles de sanción, correspondientes a cada categoría, devienen en gran detalle y especificación operativa. Se pretende establecer metrajes mínimos para unidades productoras de servicios por categoría -sin relación a la demanda o a la eficiencia aplicable para cada caso-, como a requerimientos de equipos o personal propio a la categoría. Así por ejemplo, se prevé regular la compra de un reloj circular a cada sala de operaciones o de sillas metálicas apilables y giratorias rodable para cada consultorio, como si decisiones de compras menores y de poquísimo impacto, fueran a generar cambios en la calidad del servicio ofertado. 

La aplicación ideológica vigente de categorizar no diferencia entre subsectores, ofertas, demandas, capacidad de adaptación, ingenio en la prestación del servicio o del gerenciamiento, tecnología y nuevas tecnologías, entre otros. Además, conlleva una serie de exigencias antitécnicas y barreras burocráticas que restan eficiencia y generan carencias en los servicios de salud demandados por la ciudadanía.



Es fundamental que se varíe y reformule la actual estructura normativa burocrática y antitécnica de categorización de establecimientos de salud.

En las Normas Técnicas de Salud, como la NTS 119-Minsa/DGIEM-V.01 y NTS 110-Minsa/DGIEM-V.01, existen requerimientos de detalle, irracionales e infundados en infraestructura y equipamiento, por lo que el sistema de categorización se convierte en una gran barrera estructurada y organizada, que impide el acceso a la prestación de servicios en los mercados de salud o les genera un sobrecosto innecesario. 

La categorización estructurada como está, centra el foco normativo supervisor en requerimientos que, desde un escritorio, los ilustrados burócratas han diseñado bajo el pensamiento de lo que para ellos sería un establecimiento de salud ideal para la categoría imaginada. No se emplea ningún criterio práctico de análisis de eficiencia, capacidad operativa, costo de recursos o viabilidad. 

Los metrajes preestablecidos para ambientes asistenciales y no asistenciales son requeridos de forma normativa. No se reconoce nuestra realidad distinta en cada región y deficiente en general en infraestructura, ni la insuficiencia de espacios con zonificación hospitalaria para unidades productoras de servicios que se encuentran abarrotadas de pacientes. Lo mismo sucede con los equipamientos que no responden a una demanda real frente a las exigencias de la población. 

Esos equipos no pueden adquirirse porque las decisiones frente a las compras y la escasez de recursos no las determina la demanda real, sino la obligación normativa. Además del requerimiento injustificado de infraestructuras para unidades productoras de poca o ninguna demanda, se suman las exigencias de contar con especialidades médicas y especialistas para turnos de guardias presenciales, que deberían ser cubiertas las 24 horas bajo sanción, pero que no son suficientes de acuerdo a nuestra oferta de profesionales especialistas. 

Asegurar la calidad

Nuestro sistema normativo no reconoce la necesidad de contar con un proceso de acreditación de la calidad y la medición de resultados de gestión y prestación como una práctica forzosa. La acreditación se define como un proceso de evaluación periódica que busca promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y el desarrollo de servicios de un establecimiento de salud. 

Ese sistema se basa en la comparación del desempeño del prestador de salud con una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar. También mide el éxito y el resultado de los distintos esfuerzos para obtener un servicio de calidad. No obstante, su aplicación es voluntaria y, al parecer, poco relevante para nuestros ideólogos de la salud, quienes creen que sentar las bases normativas de infraestructuras, equipamientos y recursos humanos inflexibles en su aplicabilidad garantizan una estandarización de la calidad. 

En ese sentido, es fundamental que se varíe y reformule la actual estructura normativa burocrática y antitécnica de categorización de establecimientos de salud. Debe optarse por un sistema de acreditación que mida y exija estándares mínimos de calidad y resultados. 

Solo así, el ingenio y las diferencias de la gestión en los distintos subsectores y modalidades de establecimientos lograrán el mejor costo/beneficio a favor de los pacientes y de las atenciones de los sectores público y privado, sin exigencias antitécnicas, burocráticas ni lejanas de nuestra realidad en salud. ¿Qué propondrías para mejorar la normativa de salud de nuestro país? Compártenos tu opinión.

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