Compliance y political identities en las empresas durante épocas electorales

Compliance y political identities en las empresas durante épocas electorales

Las empresas deben estar alertas ante el intento de implementar causas que aparentan ser inclusivas o a favor de la sociedad, pero pueden tener en el trasfondo intereses particulares o que afecten su propia sostenibilidad.

Por: Carlos Fernández Gates el 20 Mayo 2021

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Para muchas personas, no es un secreto que, desde hace algunos años, los partidos políticos usan el apoyo, el fomento y/o la promoción de determinados temas como una práctica recurrente para aumentar simpatizantes. Estas causas suelen tener un contenido de interés común amplio, legítimo, válido, e inclusivo entre los ciudadanos y, por lo general, no son asociables de manera directa con ninguna tendencia política económica. Por el contrario, se entiende que, sean simpatizantes o no, todas las personas deberían apoyarlos y defenderlos, sin importar sus intereses políticos.

A nivel empresarial, muchas entidades también adoptan y deciden promover este tipo de causas. No solo las incorporan en sus áreas de responsabilidad o comunicación, sino que también desarrollan planes para replicar el discurso que decidan promover entre sus colaboradores. No obstante, con el aumento de la intensidad en las acciones de los partidos políticos, sobre todo en épocas de elecciones, se tiende a incluir en estos temas otros más específicos y vinculados a sus intereses particulares, ya sea de forma directa o escalonada. 

Esta decisión no debería generar ninguna contingencia para las corporaciones, excepto si el trasfondo u organización detrás de un tema colectivo adoptado tiene un fin contrario a los intereses de la compañía o, peor aún, busca su reducción o salida del mercado. Este problema debería ser identificado en la matriz de riesgo de la sociedad como un potencial evento perjudicial.

Monitoreo empresarial

En artículos anteriores, hemos comentado que una característica importante de los encargados de cumplimiento corporativo es entender que ellos se deben a los intereses de la empresa y no a los individuos que la direccionan. Así, están facultados para cuestionar y/o acusar a los directivos más altos cuando incumplan las normas y los propósitos de la compañía. 

En compliance, es común querer conocer qué personas o instituciones específicas se encuentran detrás de un proveedor, más allá del servicio que brindan.

Estas acciones permitirán resguardar la responsabilidad corporativa de la empresa y diferenciarla de la responsabilidad individual de cada persona frente a los eventos que se intentan evitar. Por ello, al momento de apoyar un tema o causa, no basta con revisar el contenido, sino también qué organizaciones están detrás y cómo ellas y sus portavoces se desarrollan o conducen frente a determinadas tendencias políticas económicas. 

Esta revisión permitiría detectar si, en efecto, el objetivo inclusivo aún es el protagonista principal o si se otorga más relevancia a nuevos temas de contenido estrictamente político. Así, las compañías podrían considerar a futuro si el trasfondo del movimiento que fomentan, así como el interés de los altos directivos y/o consultores, se alinean también con sus intereses sociales, políticos o apolíticos. 

En compliance, es común querer conocer qué personas o instituciones específicas se encuentran detrás de un proveedor, más allá del servicio que brindan. No importa cuán positivo sea promover una alimentación saludable si su trasfondo es prohibir el consumo de carnes. En este caso, es difícil que esa posición pueda sostenerse en una entidad dedicada exclusivamente a la producción de embutidos, por señalar un ejemplo. Aquí el political identity de los ejecutivos y/o consultores sería distinto del interés y el fin corporativo. ¿Has vivido esta situación en tu compañía? Cuéntanos tu experiencia.

En compliance, es común querer conocer qué personas o instituciones específicas se encuentran detrás de un proveedor, más allá del servicio que brindan.

Carlos Fernández Gates

Actualmente es Consejero Comercial del gobierno de Nueva Zelanda en Perú, así como socio del Estudio Fernández Gates. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Comercial e Internacional por la Universidad de Buckingham, Inglaterra, graduado con mérito.

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