La responsabilidad penal del empleador en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con la entrega de la nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no solamente se confirma la importancia que se le quiere dar a la prevención de los riesgos laborales, sino que, para lograr ello, se ha configurado un nuevo ilícito penal.

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En efecto, la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la mencionada norma introduce el delito llamado "atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales", por el cual se establece que será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor a cinco quien no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores se desempeñen de manera efectiva, poniendo en riesgo su integridad, salud o vida. 

Por otro lado, se establece un supuesto agravado, que consiste en que si como consecuencia de la no observancia de las disposiciones de la ley el trabajador sufre un accidente que le ocasione lesiones graves o la muerte, se imputará una pena no menor a cinco años ni mayor a diez. 

En ese sentido, cabe establecer que, como lo sostiene la doctrina especializada en la materia, el empleador es un ente generador de riesgos para la salud y seguridad del trabajador, que asume en la prestación de sus servicios. Por lo cual, sus funcionarios -de todos los niveles decisorios- deberán tener en cuenta ello en el marco del poder de organización del trabajo y de la facultad de dirección que asumen, bajo el apercibimiento de verse involucrados en responsabilidad penal.

La pregunta que resulta pertinente hacer es a quién cabe atribuirle la responsabilidad de este delito cuando los incumplimientos se realizan en el ámbito de las personas jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta que el deber de prevención de riesgos implica una serie de deberes jurídicos que deben ser observados y realizados por varias personas dentro de la entidad empleadora, desde el gerente general, pasando por el gerente de seguridad y salud en el trabajo, y terminando en las jefaturas.

Por lo tanto, queda claro que en los delitos de protección de la seguridad y salud en el trabajo se producen problemas de imputación de responsabilidad y se pone, nuevamente, sobre el tapete la discusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estas son primeras aproximaciones que podemos realizar, las que entendemos serán dilucidadas con los pronunciamientos judiciales que se emitan en la aplicación de este nuevo delito.

Sin perjuicio de ello, debemos encontrarnos muy atentos para que esta medida no sea incorrectamente utilizada para presionar a las entidades empleadoras, a través de denuncias penales infundadas dirigidas a los altos cargos de la misma, para el pago de indemnizaciones no fundamentadas por parte de los trabajadores como consecuencia de alguna contingencia derivada de la prestación de sus servicios.

¿En su empresa o centro laboral acatan las normas de seguridad y salud establecidas en la ley?

Esta entrada contiene un artículo de:
Germán Lora Álvarez
Abogado socio del Estudio Payet Rey Cauvi con especialización en Derecho Laboral, Derecho Previsional y Derecho Mercantil. Con estudios de Posgrado, Universidad de Castilla La Mancha. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de Navarra. Licenciado en Derecho, Universidad de Lima.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN

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9 comentarios

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Hola,
Yo sufrí un accidente en mi trabajo, me rompí la cabeza, el medico me dio descanso por 15 días pero solo traté con el cirujano, cuando le explique los dolores me dijo que eso él no lo ve, entonces lo que quiero saber es que si en adelante me resulta algún mal del golpe y no sigo laborando, ¿la empresa se libra de toda responsabilidad, porque con ellos mi último contrato renovable fue de dos meses y así a todos mis compañeros, es una Sevis que no contrata por tiempos prolongados. ¿Qué me recomiendan hacer?, ya que el accidente que tuve fue trabajando, claro está, agradezco de antemano su respuesta.

Interesante, entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad penal en el caso de un accidente mortal? Escuchaba las declaraciones del Ministro de Trabajo en RPP y textualmente decía: la responsabilidad penal cae sobre el gerente general de la compañía.
Pero al leer este portal, al parecer la responsabilidad de una persona jurídica no esta clara.
Espero aclaren mis dudas.
Saludos,
Hugo.

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Como ya es costumbre este delito lleva una sumilla legislativa. Sin embargo, esta sumilla no puede impedir al jurista encontrar un Nomen iuris adecuado para el supuesto de hecho. La sumilla utiliza el término inadecuado de “Atentado”. Se trata entonces de casos en los que una acción se dirige desde los puntos de vista subjetivo y objetivo a causar un resultado. El término es entonces inadecuado para describir el supuesto de hecho del Artículo 168-A.

Es digno de resaltar que esta norma se trata de un refuerzo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La redacción apunta indubitablemente hacia esa finalidad. Resulta preferible el Nomen iuris: “Delito de condiciones riesgosas y perjudiciales para la seguridad laboral e higiene industrial”.

Debe de destacarse que como muchas otras veces el legislador no ha sido original. Este delito ha tenido como “inspiración” el Art. 316 del vigente código penal español. El artículo español es como sigue:

“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”

Del artículo español se ha copiado la estructura de refuerzo de la legislación laboral, los términos “vida”, “salud”, “integridad física” y se ha cambiado el término “peligro” por el de “riesgo”.

Conocer que el nuevo delito peruano ha tenido como base el modelo español será de indudable valía para determinar el contenido material de los términos “vida”, “salud” e “integridad física”.

A diferencia del delito peruano que recién tiene algunas semanas en vigencia, en el caso español es posible encontrar copiosa jurisprudencia. Con todo, el modelo español ha servido únicamente para la primera parte del delito. La agravante peruana no tiene par en la legislación española.

En lo que ciertamente el legislador peruano se ha sentido libre es en la fijación de la pena notoriamente mucho más alta que la española. Se utiliza en el Art. 316 español el término “no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas”, mientras que en el peruano se dice “no adoptar las medidas preventivas necesarias”.

Como es común en ámbitos altamente especializados y pese a la mención de “El que” propia de los delitos comunes se trata de un delito especial propio en tanto se señala “estando legalmente obligado no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad.”. Con ello se quiere decir que es sujeto activo de este delito quien en virtud de la ley tiene el deber de cumplir con la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo fijada en la ley 29703.

El delito es uno de peligro concreto en su primera parte y en la otra un delito de resultado. Es bastante curioso que se utilice el término “riesgo” que como bien es sabido ocupa un papel importante en la discusión jurídico-penal contemporánea con la utilización de la discusión primigeniamente sociológica de “La sociedad del riesgo”.

Se utilizan los términos “muerte o lesiones graves”. ¿Qué debe entenderse por lesiones graves? ¿Debe entenderse como una mención al tipo de lesiones graves o el juez libremente puede determinar cuándo se está ante una lesión grave para efectos de este tipo?

Aún sabiendo que la ley es por su propia naturaleza interpretable es ciertamente preferible vincular la mención legislativa al tipo de lesiones graves. Es decir, a lesiones que requieran más de 15 días de atención para evitar el riesgo de que se caiga en la absoluta arbitrariedad.

Mi comentario al respecto de los anteriores, es que hay dos situaciones que activan la puesta en marcha de la ley. La primera cuando se genera una lesión grave o fatal y por ende se activa el proceso a cargo del Estado. La segunda por una denuncia de personas que consideren que están expuestas a peligro.

Ante esto hay dos posiciones, la del empleado que tiene la capacidad de denunciar cualquier situación que genere riesgo a su vida, debiendo fundamentar la denuncia y/o solicitar una visita inspectora del MINITRAB y/o Ministerio Público.

La otra corresponde al empleador, quien debe asegurarse por todos los medios disponibles que el riesgo del trabajo se encuentra bajo control, creando las evidencias necesarias de haber asumido su responsabilidad de forma integral. Para ello cuenta con el apoyo de empresas especializadas para la inspección, consultoría, certificación, etc., lo cual le permite cubrir su responsabilidad.

No existe el riesgo cero, y por ello la probabilidad de accidente siempre existe y en adición debemos considerar que el factor humano, generalmente, es la causa principal de los accidentes. La gestión de prevención de accidentes debe fundamentalmente iniciarse y concentrarse en la persona, para prevenir que sea una víctima y/o evitar que genere la demanda con fundamento.

En algunas empresas, la responsabilidad de asumir el riesgo de la tarea, corresponde al trabajador, y para ello la empresa le ha delegado al empleador la autoridad de negarse a realizar una labor donde el riesgo no está controlado, con ello la responsabilidad de realizar la tarea riesgosa se amplía a más personas.

Con relación a la responsabilidad, considero que no hay un único responsable, existen grados de responsabilidad de acuerdo a la posición de la empresa y a la función o tarea asignada; debiendo el empleador asegurarse de manera clara y objetiva, que se cumplan las directivas y normas en todas las operaciones.

Como empresarios estamos expuestos definitivamente a las acciones judiciales que se generan luego de un accidente o denuncia, es parte de nuestra responsabilidad, y por ello debemos tener una gestión de riesgos documentada, que sirva como atenuante y no como agravante.

Saludos.

Las sanciones penales dirigidas a los propietarios es un avance como una medida coercitiva para mejorar la seguridad. Se debe crear conciencia de que los temas de seguridad son vitales para la marcha de un negocio al salvaguardar a su personal.

El compromiso de la empresa cuando uno entra a trabajar debe percibirse. Tener la plena confianza de que la organización realizará los mejores esfuerzos (antes, durante y después) para prevenir los accidentes o enfermedades laborales.

La seguridad no es una profesión o cargo, ni una función. Es más que eso. Es un credo, del latín "yo creo".

Es muy bueno que se haga una nueva legislación laboral, en lo que se refiere a la seguridad laboral para los trabajadores. Quiero preguntar a dónde va el dinero cuando un trabajador se accidenta y muere, y está asegurado con una tasa de seguro a todo riesgo. ¿Ese seguro es para el empleador o para el asegurado?

Porque muchos trabajadores mueren, pero el seguro no les paga a ellos sino a los empleadores, ellos son los beneficiados con la muerte de un trabajador. Hasta cuando con este atropello de parte de los empleadores, ellos deberían de ser sancionados por accidentes fatales.

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Como pequeño contratista en servicios generales les comento que para una orden de servicio tengo que ser descontado el 15% para los jefes logísticos, acortando el presupuesto de seguridad. Mucho ojo con los que atentan con la seguridad.

¿Qué pasa con los accidentes punzocortantes en hospitales, clínicas o centros médicos que te pueden llevar a contraer hepatitis B, VIH u otros? Si ahora en el mundo existen dispositivos seguros para sacar sangre, colocar un inyectable o una vía endovenosa, etc. por qué sólo se compra lo más económico sin cuidar la salud del personal de salud que todos los días arriesga su vida. Si visitáramos las emergencias de todos los hospitales de MINSA y EsSalud verán que existe una súper población y sin seguridad.

Me gustaría saber sobre las responsabilidades en cuanto a las sanciones por dar inicio a un trabajo y que pueda terminar en muerte o invalidez.

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