Nuestro país posee la quinta economía en América Latina y El Caribe con el mejor entorno para desarrollar Asociaciones Público Privadas. Así figura en el Infrascopio 2017, estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit (EUI). Con este panorama alentador, antes de iniciar un tipo de proyecto en el que empresas privadas y el Estado unen esfuerzos, es importante conocer cómo se clasifican las APP y en qué principios se basan. Estas se dividen en dos clases:

APP autofinanciada

• Los flujos de ingresos son suficientes para autosustentarse y recuperar la inversión con el tiempo.
• Están financiadas por las tarifas que los propios usuarios pagan. Por ello, no se requiere de recursos públicos para saldar la deuda que la compañía adquiere con el proyecto.
• Un ejemplo es la creación de una vía ferroviaria con un tren para el transporte público. Los usuarios, entonces, pagarán un boleto para transportarse y con este dinero se recuperaría la inversión.
• En caso se necesiten garantías financieras por parte del Estado, las probabilidades de que se requieran deben ser casi o totalmente nulas. Esto debe estar estipulado en el contrato.
• Una garantía mínima no debe superar el 5 % del total del costo de inversión de la obra que la empresa privada realizará. Esto no incluye costos variados, como el mantenimiento, operación o procesos complementarios.

APP cofinanciada

• Se trata de un proyecto cuyo flujo de ingresos no es suficiente para recuperar o sostener la inversión que se destinó al mismo. Por ello, requiere de la participación y los recursos del Estado.
• En este caso, las garantías de financiamiento por parte del Estado deben poseer una probabilidad muy alta. Es casi o totalmente seguro que se necesitará de un apoyo, proceso o programa estatal que potencie la recuperación de las inversiones.
• Por ejemplo, cobrar impuestos a los contribuyentes luego de la construcción de un depósito municipal y planta de reciclaje, en pro de la comunidad.
• En el contrato también debe estar establecido qué clase de recursos se utilizarán. Algunos de ellos pueden ser los arbitrios, aportes a EsSalud, entre otros.

Los principios comunes entre ambas clasificaciones

De acuerdo con ProInversión, un proyecto de Asociación Público y Privada debe comprender cinco principios fundamentales. El primero es el valor por dinero, el cual indica que un servicio público deberá ser gestionado por aquella entidad privada que ofrezca la mejor calidad en relación al costo. Así, estará orientado a optimizar la satisfacción de los usuarios.

El segundo principio es la transparencia, que señala que toda información designada a la toma de decisiones del proyecto debe estar a disposición del ciudadano de a pie. El tercer principio es la competencia, que promueve una licitación legal y adecuada para elegir a la mejor empresa privada. El cuarto principio es el de asignación adecuada de riesgos, para lo cual se destina la mayor capacidad de riesgos a una compañía que tiene realmente la suficiencia para gestionarlos.

Por último está la responsabilidad presupuestal. Es necesario considerar que el Estado tenga la capacidad de pago para los compromisos financieros en el proyecto. La finalidad es no comprometer las finanzas estatales que perjudiquen a las personas ni a las instituciones.

En el Perú, los gobiernos regionales y locales, entre otras entidades estatales, están abiertas a trabajar con el sector privado para el beneficio de los ciudadanos. Por ello se necesitan profesionales especializados en APP que puedan garantizar un contrato óptimo y legítimo antes de desarrollar un proyecto, basándose en los principios de cada clasificación.

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Fuentes:

The Economist Intelligence Unit. The 2017 Infrascope. Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean.

Cámara de Comercio de Lima. "Perú con mejor entorno favorable para alianzas público-privadas".

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Asociaciones Público Privadas.

Ministerio de Economía y Finanzas. "Clasificación y Origen de Proyectos".