
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son modalidades de inversión privada que incorporan conocimiento, tecnología y equipos para crear, desarrollar y operar infraestructuras o servicios públicos. Según ProInversión, en los últimos 10 años se ha adjudicado más de 60 proyectos bajo esta modalidad, con inversiones estimadas en unos 24 mil millones de dólares. Las telecabinas de Kuélap, el nuevo terminal de contenedores del Muelle Sur del Callao y los hospitales de EsSalud de Villa María del Triunfo y del Callao son algunos ejemplos de APP exitosas.
Eduardo Gonzalo Escobal Mc Evoy, docente del curso Estructura de Asociaciones Publico Privadas del PEE en ESAN, precisa que, de acuerdo al actual marco legal, el desarrollo de las APP tiene cinco fases. En ellas convergen los actores esenciales en el funcionamiento de los proyectos: ProInversión, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que según los cambios normativos es el ente rector del sistema.
El objetivo de la norma es proporcionar un orden que permita seleccionar buenos proyectos, que proporcionen más valor por cofinanciamiento, se estructuren adecuadamente, se adjudiquen al inversionista con mejor propuesta y se ejecuten de manera óptima. Sin embargo, Escobal opina que la normatividad actual ha caído en una sobrerregulación y cambios en la institucionalidad que alargan los procesos, ralentizado las adjudicaciones y desincentivando la promoción de inversiones.
Fuentes:
Entrevista a Eduardo Gonzalo Escobal Mc Evoy, docente del curso Estructura de Asociaciones Publico Privadas del PEE en ESAN.
ProInversión. "Asociaciones Público Privadas".
ProInversión. "Flujograma para las iniciativas privadas cofinanciadas".
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Mary Mollo, profesora de ESAN Graduate School of Business, compartió en ATV+ los resultados del II Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático-2025, organizado por ESAN y que contó con la participación de 40 universidades. La especialista reveló una cifra alarmante: el 70% de la población peruana vive en zonas con algún nivel de riesgo. Ante esto, destacó el compromiso de las universidades por colaborar con las autoridades en la prevención de riesgos de desastres.
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