En cuanto a la magnitud de la restauración de la infraestructura dañada, ya hay estimados de pérdidas económicas, e impacto en la producción y presupuestos gruesos de reconstrucción. La complejidad, sin embargo, no parece ser tan evidente y esto puede llevar a metas no realistas y a expectativas que no se cumplirán, incrementando un riesgo político-social en los próximos años. 

Para mostrar la complejidad que enfrentamos, analizaremos un par de aspectos del tema de la vivienda, de alta sensibilidad por su relación directa con la calidad de vida y la seguridad familiar. En ese sentido, debemos comenzar por preguntarnos: ¿quiénes deben ser los beneficiarios de la política de reconstrucción de viviendas?

Esta parece ser una pregunta trivial y de respuesta inmediata: los damnificados. Sin embargo, para la aplicación de instrumentos de política pública como los subsidios es necesario identificar a estos damnificados -lo cual tiene sus propias complicaciones- y hacer una adecuada caracterización de los mismos; para luego determinar a quiénes y porqué otorgar el subsidio, dado que son particulares y hay múltiples necesidades en el país.

Ante este escenario surgen varias preguntas: ¿qué acciones tomar con los propietarios, los inquilinos y posesionarios? Y, por ejemplo, entre los propietarios, ¿ayudar solo a quienes tienen título inscrito o a quienes tienen cualquier documento sustentatorio? ¿Y qué pasa con los que no lo tienen, que deben ser los más porque perdieron todo? 

Por otro lado es usual que varias familias habiten la misma vivienda, incluyendo familias "desdobladas", es decir los hijos con sus propias familias, o incluso familias sin relación de consanguinidad que comparten un mismo inmueble. En estos casos, si se pudiera reconstruir en el mismo terreno, ¿se otorga un solo bono? ¿A quién?

Un documento de política para la reconstrucción, preparado por el Ministerio de Vivienda y las Naciones Unidas en 2008, identificó 13 tipos de damnificados que deberían ser considerados como población objetivo. En cada caso hay que analizar la segmentación por nivel socioeconómico, el nivel de afectación de la vivienda, y las condiciones específicas de ser el propietario de un solo inmueble a nivel nacional o de no ser beneficiario previo de programas de vivienda. Algunas situaciones particulares podrían considerar una revaluación de los casos y estos deberían ser analizados de forma independiente.

Es correcto considerar que no se debe reconstruir viviendas en lugares con riesgo alto no mitigable. Sin embargo, en gran parte de las localidades afectadas no existen mapas de peligros ni planes de desarrollo urbano actualizados.

¿Es fácil empezar a construir?

Pareciera que sí, pero no lo es. Es correcto considerar que no se debe reconstruir viviendas en lugares con riesgo alto no mitigable. Sin embargo, en gran parte de las localidades afectadas no existen mapas de peligros ni planes de desarrollo urbano actualizados y, por lo tanto, no están adecuadamente identificadas las áreas en las que no se puede construir.

Entonces, ¿la reconstrucción se empezará posteriormente al desarrollo de estos instrumentos? ¿Cuánto tiempo tomará este proceso? ¿Se hará descentralizada y participativamente para fortalecer capacidades?  ¿Y qué hacer con la población que finalmente rechace  la reubicación?

Por otro lado, como ya se ha indicado, las propiedades en su mayoría no están saneadas. Entonces, si se otorgara el bono solo a los propietarios con título inscrito, ¿cuánto tomará el saneamiento físico legal? ¿Cuánto retrasará eso el proceso de construcción?

Finalmente, en los proyectos habitacionales masivos, y suponiendo resueltos los temas de saneamiento de la propiedad, ¿la habilitación urbana será hecha por el Estado y subastará luego macro-lotes o subastará terrenos para posterior habilitación por el privado? 

En cualquier caso, ¿se esperará a que los promotores alcancen el punto de equilibrio en ventas antes de empezar a construir? Siendo difícil la acreditación de ingresos y la aprobación de créditos bancarios, más aún luego de los eventos producidos, ¿cuánto tiempo durará este proceso?

Recomendaciones

Evidentemente las autoridades encontrarán respuestas a todas estas preguntas y emitirán normas para manejar los procesos. Sin embargo, a la luz de lo indicado, se plantean las siguientes recomendaciones iniciales:

1. Dar importancia al proceso de transición, entre la emergencia y la reconstrucción, con viviendas temporales adecuadas y servicios y/o con subsidios de alquiler. Los albergues colapsarán física y socialmente en 90 días y las viviendas definitivas terminarán de construirse en no menos de dos años. 
2. Eliminar la mayoría de requisitos para el otorgamiento de los bonos.  Idealmente, cada vivienda destruida fuera de zonas de riesgo no mitigable debe tener un subsidio o crédito para ser reconstruida, independientemente de cualquier otra consideración.
3. No sobreestimar la demanda efectiva de beneficiarios de los nuevos programas habitacionales, e impulsarla, por ejemplo con créditos para la cuota inicial.
4. Establecer mecanismos especiales para asegurar la disponibilidad de terrenos para grandes proyectos de vivienda.
5. Regular con simplicidad y pragmatismo pues lo muy detallado, aunque sea perfecto, produce complejidad administrativa, en la práctica no se aplica, y genera espacio para la corrupción.

Hay que tener en cuenta estos y otros temas para comenzar a trabajar en la reconstrucción ya. No hay tiempo que perder.

¿Cree usted que la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero se hará en forma eficiente? ¿Qué se debe hacer al respecto?