Las modernas empresas de agua y saneamiento toman responsabilidad por el financiamiento requerido para invertir y operar de manera eficiente, con la garantía de los ingresos futuros.

La autonomía y sostenibilidad financiera implican ingresos suficientes y seguros, y costos controlados. Por ello, las empresas de alto desempeño tienen tarifas que cubren el costo total eficiente de prestar el servicio, de ser el caso con subsidios a la demanda de menores ingresos, micromedición del 100%, pérdidas controladas y planes maestros de alto nivel técnico para optimizar las inversiones.

En contraste, nuestras Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) tienen endeudamiento cercano al 150%, tarifas menores al 50% de las de Chile o Colombia; micromedición menor al 60% y agua no facturada del orden del 40%.  Asimismo, no recaudan lo suficiente ni son sujeto de crédito. Por ello, el Gobierno ha transferido más de S/ 18,000 millones en los últimos 10 años para financiar inversiones e incluso estudios, operación y mantenimiento.

Aunque pudo tener menos carga burocrática, el Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), recientemente creado, puede constituirse en una herramienta adecuada para mejorar el funcionamiento financiero de nuestras empresas. Pero resulta clave que los recursos sean trasladados como créditos y no transferidos a fondo perdido. Si las empresas reciben transferencias gratuitas se distorsiona su régimen económico, financiero y empresarial, no hay forma de establecer una rendición de cuentas adecuada, pierden todo incentivo a la eficiencia y los procesos de evaluación dejan de ser relevantes.  

Nuestras Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) tienen endeudamiento cercano al 150%, tarifas menores al 50% de las de Chile o Colombia; micromedición menor al 60% y agua no facturada del orden del 40%. Asimismo, no recaudan lo suficiente ni son sujeto de crédito.

Propuestas concretas

Que las empresas de agua y saneamiento se hagan responsables del financiamiento no es simple.  En primer lugar, hay que sanear a este tipo de organizaciones. Para esto se puede reprogramar las deudas de Fonavi a plazos largos y luego asumir el flujo de la deuda. Hacerlo es duro pero conveniente pues la deuda a asumir equivale en valor presente a lo que el Estado está invirtiendo a fondo perdido en menos de un año. Y es aceptable por los fonavistas, que tendrán un flujo reprogramado pero seguro.

Por otro lado, es muy difícil lograr que en el corto plazo, sobre todo en empresas del interior, se pueda financiar solo con flujos provenientes de las tarifas y sus incrementos las inversiones requeridas en plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, así como la rehabilitación y expansión de redes. Pero esto también tiene solución. ¿Por qué, por ejemplo, no se independiza el complejo y costoso tratamiento de aguas residuales, recibiendo las plantas como pago por las deudas y se hace a las EPS íntegramente responsables, sin subsidios, del servicio de agua potable y alcantarillado hasta antes del tratamiento?   

Tendríamos, entonces, empresas públicas o asociaciones público privadas autofinanciadas, enteramente responsables de la prestación del servicio de agua potable. Además, contaríamos con empresas especializadas en tratamiento de aguas residuales vía contratos BOT que operarían plantas o grupos de plantas, impulsando la reutilización de las aguas servidas -en la línea con los nuevos planteamientos de economía circular- con el beneficio ambiental consecuente y una reducción progresiva del cofinanciamiento público.

Para evitar burocracia y corrupción podría hacerse una subasta como las de energías renovables, adjudicando los proyectos Build, Operate and Transfer (BOT) para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en función de la tarifa ofertada para construir y operar instalaciones de este tipo, independientemente de su ubicación, lo que reduciría al máximo, con mecanismos de mercado, la prima o subsidio.

El reciente decreto legislativo (que une las normas vigentes, ratifica los planteamientos de la Ley de Modernización  y plantea algunos cambios positivos y otros no tanto), no resuelve de manera definitiva el tema del saneamiento financiero y mantiene las transferencias a fondo perdido, que esperemos sean utilizadas solo transitoriamente -para no demorar inversiones urgentes- y luego sean sustituidas por otros mecanismos contemplados en el FIAS. 

Esperemos que las normas aprobadas contribuyan al desarrollo sector. Pero necesitamos además planteamientos que profundicen y viabilicen la modernización de las empresas.

¿Qué medidas propondría usted para lograr la autonomía financiera de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)?