Las riquezas naturales de nuestro país han permitido que a pesar de graves escándalos de corrupción de sus gobernantes durante los últimos 25 años, nuestra economía siga creciendo con porcentajes que alcanzaron en más del 3.28% en julio y 3.39% para agosto último, con proyecciones de mayor crecimiento para los meses que restan del presente año.

Ante ello, hay que considerar que el Perú ha sido desde siempre un país principalmente minero, y que en el último mes de agosto la minería representó más del 60% de las exportaciones, brindando trabajo directa e indirectamente a casi medio millón de peruanos.

El problema radica en que la actual cartera de inversión minera de casi 50 proyectos por un total de 60 mil millones de dólares, diez de ellos (US$ 10 mil millones) mantienen conflictos sociales y paralizaciones que afectan su total desarrollo, tales como: Las Bambas, Tía María y Quellaveco, y teniendo como principales opositores a la puesta en marcha de los mismos a políticos de oposición y mineros ilegales, disfrazados de ambientalistas.

El Gobierno debería de entablar negociaciones serias con la población, que incluyan claras políticas ambientales y de responsabilidad social que permitan una verdadera convivencia con el ecosistema, que los comuneros sean partícipes de su propio desarrollo, a fin de demostrarles que la puesta en marcha de operaciones mineras genera diversas obras de infraestructura, electrificación rural e hidroeléctricas que benefician a comunidades aledañas, brindando mayor trabajo y una mejor calidad de vida.

Asimismo, hay que estar convencidos de que las inversiones privadas resultan ser el principal motor de la economía peruana. Únicamente abriendo nuestras puertas a más inversionistas nos permitirán lograr un crecimiento económico sostenido, con la apertura de nuevas fábricas y la generación de mayor empleo, aumento de las exportaciones y reducción de la pobreza de manera consistente.

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Fuente: Gestión