La comunicación tiene un límite. Los conflictos generan actitudes y respuestas violentas que una estrategia de comunicación ya no puede amortiguar. Cuando el conflicto escala, el margen que tiene una gestión adecuada de la comunicación entre las partes en conflicto es muy débil. Es decir, para que el proceso comunicativo funcione y sea realmente efectivo, tiene que ocurrir en aquella fase que la Defensoría del Pueblo llama la "fase temprana", aquel momento cuando los actores dan a conocer, públicamente, sus diferentes posiciones e intereses respecto a un determinado punto en discusión. Después será muy tarde.

En su escala más alta de crisis, los reclamos se producen a través de acciones de violencia contra las personas, contra las fuerzas del orden y contra otros agentes del Estado, como ha ocurrido recientemente en el conflicto de Las Bambas. En este circuito del conflicto social, la comunicación cede su paso a una etapa de negociación, de diálogo.

Y no es que la comunicación ya no interese o no se la use en esta fase. Ocurre sencillamente que su aporte disminuye considerablemente porque las posiciones están en un periodo irreconciliable donde entran a tallar otros aspectos, como las exigencias extremas, las condiciones del diálogo, los montos de compensación, etc., y también nuevos temas y nuevos actores.

Recordemos que el conflicto en Las Bambas no se originó por una oposición al proyecto minero, sino por una exigencia de una compensación económica por el uso de una vía terrestre y también porque no se comunicó apropiadamente los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó inicialmente la empresa minera y que debía contar con el conocimiento y aprobación de la población afectada.

Por supuesto que las estrategias de comunicación también producen espacios de diálogo, pero su función central es construir espacios de entendimiento, por ejemplo, en la forma cómo opera la empresa, en la manera cómo se relaciona con la población, teniendo para ello como base la transparencia.

La minería tiene un gran impacto sobre la economía en el Perú; sin embargo, tiene un pasivo reputacional, una percepción negativa no solo entre las comunidades del entorno minero, sino entre la opinión pública en general. Y aquí está el reto de la comunicación: convertirse en una gran oportunidad para cambiar esa mala reputación.

Pero las estrategias de comunicación, con contenido altamente empático y con lenguaje adecuado y sencillo, tienen que aplicarse antes de que una empresa privada ponga su primera máquina en el terreno, inclusive antes de que el Estado entregue la concesión minera a una determinada empresa. Tiene que aplicarse en la etapa primaria de desarrollo.

En esta etapa del proceso minero, la comunicación sí puede ofrecer un punto de encuentro para crear conciencia sobre la actividad minera, para crear ciudadanía entre los actores principales que participan: El Estado, la empresa privada y la comunidad. Cada uno de ellos debe conocer cuáles son sus deberes y derechos hacia el otro y cuáles son las obligaciones que se derivan respecto al terreno a ser explotado.

Qué duda cabe, los conflictos sociales se originan por falta de información adecuada y oportuna, y también por los niveles de desconfianza y ausencia de buena comunicación que existe entre las partes. Los detalles sobre los riesgos de la operación, los impactos positivos y negativos en la vida de la población (que ocurrirán inevitablemente), las medidas de mitigación a implementar, pero también los beneficios, tienen que ser explicados antes de que el Estado entregue cualquier concesión.

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Fuente: Revista Imagen y Comunicación