
Una política de regulación socioambiental, como conjunto de esfuerzos y medidas, garantiza que el medioambiente y la economía estén igualmente protegidos y promocionados. Así se asegura, entre otras cosas, que las empresas diseñen proyectos que causen la menor cantidad de daño ambiental y hagan el mejor uso posible de los recursos naturales.
También sirve para verigicar que las compañías paguen los costos de prevención o reparación del daño al medioambiente, e indemnicen a las comunidades afectadas por sus medidas. En resumen, obliga a las empresas a cuidar del entorno socioambiental como parte del precio de hacer negocios. Esta política se enfoca, pues, en evitar que los directivos apresuren las aprobaciones de proyectos que podrían dañar a las comunidades, al medioambiente y a la economía en el largo plazo.
Aprobar, de forma apresurada, proyectos que crean empleos temporales y exportan los recursos naturales al mejor postor, no es sinónimo de crear estabilidad económica, además de resultar perjudicial para el medioambiente. Si, por el contrario, se trabaja para regular la política socioambiental y fomentar el uso de tecnología amistosa con el entorno, esto puede representar una fuente de crecimiento económico.
Según Hernán Durán de la Fuente, Gerente General de GESCAM S.A. y exconsultor de CEPAL: "la producción y comercialización de las tecnologías ambientales y los equipos para abatir la contaminación constituyen uno de los sectores de mayor crecimiento en los países desarrollados. Asimismo, también es uno de los sectores de mayor desarrollo en términos de ciencia y tecnología de punta. Esto refleja la profundidad del cambio tecnológico que se ha generado en todo el planeta a raíz de los problemas ambientales".
Una política de regulación socioambiental permite publicitar el estado y los objetivos de la organización relacionados con el entorno para todos los interesados. Así, la empresa puede anunciar públicamente que ha considerado evaluar su desempeño social y ambiental y ha adoptado las mejores prácticas o está trabajando para mejorarlas.
Los clientes actuales y potenciales, al leer esta declaración, tienen la opción de decidir si les gustaría continuar o iniciar un negocio con la organización. También puede proporcionar una dirección clara a todas las partes interesadas sobre los valores ambientales de la compañía. De esta manera se proporcionan beneficios para las empresas. Algunos de los más significativos son los siguientes:
Estos beneficios no están restringidos a las operaciones internas. Al demostrar el compromiso con la gestión ambiental y social, la empresa puede desarrollar relaciones positivas con las partes interesadas externas como inversionistas, aseguradores, clientes, proveedores, reguladores y la comunidad local. Esto, a su vez, puede mejorar su imagen corporativa y generarle beneficios financieros como una mayor inversión, más ventas y una mayor participación en el mercado.
Fuentes:
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Jorge Guillén, docente de los programas del área de Finanzas de ESAN, explicó en ATV+ que, aunque el dólar cayó a su nivel más bajo en nueve años (S/ 3.30) , no es recomendable asumir deudas a largo plazo en esta moneda por el inminente riesgo electoral. El experto sugirió aprovechar este tipo de cambio exclusivamente para préstamos de corto plazo (uno o dos años) y recomendó comprar dólares como método de ahorro ante una posible alza futura.
Arturo García, docente de los programas de Finanzas de ESAN, explicó en RPP cómo elegir la cuenta de ahorros ideal según el perfil del usuario, destacando las opciones digitales sin mantenimiento y las cuentas sueldo. El experto recomendó confiar en el sistema financiero peruano y recordó que el Fondo de Seguro de Depósito protege hasta 118 000 soles, por lo que descartó guardar dinero "bajo el colchón" y sugirió explorar alternativas como los fondos mutuos.
Jorge Bravo Cucci, profesor de ESAN Business Law, explicó en ATV+ que el sector inmobiliario superó el estancamiento generado por la inestabilidad política y la pandemia, mostrando un renovado dinamismo. Asimismo, recordó la obligación de pagar el 5% de impuesto a la renta por el alquiler o venta de una segunda vivienda e instó a la formalización, señalando que exigir comprobantes de Sunat permitió a los inquilinos deducir impuestos y combatir la alta evasión.