¿Qué pasó con el aeropuerto de Chinchero?

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Lo acontecido con el aeropuerto en Chinchero causa un gran malestar en la población. No solo se truncan muchas expectativas de la región Cusco y de los peruanos que desean un terminal aéreo con mayor capacidad para el turismo internacional, sino también se detiene un canal importante para impulsar el comercio interno y las exportaciones. En este artículo se verá que, realmente, no hay mal que por bien no venga con la resolución de este contrato.

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A raíz de los escándalos de corrupción de las empresas brasileñas en Latinoamérica, trascendió en la opinión pública, información relacionada a enormes sobrecostos y arbitrajes millonarios en los contratos de las APP en Perú. Esto generó un sentimiento polarizado en la sociedad, que crean una corriente de opinión en contra de las APP con el clamor que escuchamos hoy refiriéndose a las obras en Chinchero: "Que se haga como obra pública".

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Durante la interpelación al ahora ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y en posteriores comunicados del gobierno, se informó de cambios en el diseño del negocio, deficiencias en el proceso licitatorio, en las bases de la licitación y el mismo contrato. Esto es extraordinario e inusual: que un gobierno o entidad pública reconozca errores y, con ello, se genere la oportunidad de convertirlos  en lecciones aprendidas para hacer un mejor diseño y administración de las APP.



El caso Chinchero es un gran ejemplo de que, a pesar de los años transcurridos y la experiencia acumulada, se pueden cometer errores en el diseño y en la renegociación de contratos de APP por no tener claros los conceptos y diferencias que existen entre una obra pública y las APP.

Los hechos sobre la mesa

Imagine iniciar un proyecto donde el objetivo es que un operador privado financie, construya y opere un aeropuerto internacional. Después de meses de retrasos, presenta como única opción de financiamiento a una empresa con graves problemas financieros y alto riesgo crediticio (y por ende no califica como acreedor permitido), la cual ofrece cobrarle entre 20% y 22% de interés anual en dólares por el financiamiento.

Se trata, evidentemente, de una oferta absurda para este tipo de megaproyectos. Con suma facilidad usted puede conseguir un préstamo por la tercera parte de ese interés en dólares. Además, para el proyecto se pretendía cobrar esa cantidad desde el primer día por el monto total de la inversión (y no hacer desembolsos parciales y pagar intereses sobre lo que se use cada período), lo cual resulta inaceptable como bien lo indicó un organismo multilateral (CAF) que, al ser consultado, rechazó y desaprobó esta propuesta de financiamiento.

¡Qué gran negocio hubiera sido que el gobierno aceptara el pago de US$ 295 millones de intereses por la construcción de una obra valorizada en US$ 265 millones! ¿Extraordinario negocio, no les parece? Pero lo más lamentable es que no corresponde cobrar intereses en la etapa constructiva. En todo contrato a suma alzada o precio fijo se incluyen los intereses de la etapa constructiva en la propuesta económica a presentar.

Es inaudito, convirtiéndose en un caso único en el mundo, que un postor gane un concurso llave en mano, suma alzada, indicando que construirá el aeropuerto de Chinchero por US$ 265 millones y, después de unos meses, manifieste que en su oferta no incluyó los intereses y no sabe si los otros postores los incluyeron o no (que nunca hizo la consulta). Y que pretendan que se le pague una tasa de interés promedio de 21% anual en dólares, con lo cual el monto de su propuesta sube a US$ 560 millones. ¿Es esto serio, responsable?

Finalmente, resulta muy preocupante el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas que indica que el modelo financiero de este proyecto no fue de conocimiento de los postores y que los postores no presentaron un plan financiero- de sus propuestas técnico-económicas.

¿Qué equilibrio mantendríamos si no conocemos el acuerdo, el punto de partida? ¿Qué hemos comprado, por qué estamos pagando? ¿Qué interés nos cobrarán? ¿Cómo podremos renegociar sin la información del modelo financiero? El caso Chinchero es un gran ejemplo de que, a pesar de los años transcurridos y la experiencia acumulada, se pueden cometer errores en el diseño y en la renegociación de contratos de APP por no tener claros los conceptos y diferencias que existen entre una obra pública y las APP.

¿Qué hubiera hecho usted, firmado una adenda o hubiera resuelto el contrato por incumplimiento en el cierre financiero?, ¿Qué opina de dar la buena pro a un postor que no presenta plan de financiamiento ni modelo económico financiero? 

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