
Actualmente, el Perú y el mundo atraviesan una serie de problemas de contaminación, deforestación, pérdida de ecosistemas, etc. Esto afecta también a las organizaciones, que ahora velan por una gestión que promueva las políticas de regulación socioambientales. Así, sus actividades de producción son cada vez más sostenibles y acordes al crecimiento del cuidado ambiental actual.
Estas políticas son necesarias y muchas veces obligatorias para las compañías; además, las que las adopten pueden ganar diversos beneficios. Por ejemplo, desde marzo del 2016, los bancos deben evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar todo proyecto superior a los 10 millones de dólares.
Esta medida fue adoptada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) y busca evitar conflictos sociales y la paralización de proyectos. Estos dos son factores que pueden afectar los proyectos de una organización. Por ello, además de evitarlos, la compañía ganaría el financiamiento y la confianza de una entidad bancaria, al mismo tiempo que trabajaría en pro de las comunidades locales.
Otro beneficio es la adopción de un sistema de control ambiental. Las políticas llevan a la empresa a la acción, y es allí cuando se desarrollan estrategias y sistemas que permiten, con eficacia, velar por un desarrollo sostenible. Con dichos sistemas, una organización puede:
Una vez que una organización posee una política socioambiental, provoca un acercamiento de los clientes, consumidores, potenciales clientes, socios o proveedores. Todos ellos tendrán conocimiento absoluto sobre los cuidados que la compañía tendrá de ahora en adelante, de los esfuerzos y -por supuesto- los resultados que espera obtener.
A nivel interno, otra ventaja está en alinear a todos los colaboradores hacia un mismo objetivo. Cada profesional en la empresa sabrá cuál es su rol social, ambiental y el compromiso que tendrán a corto y largo plazo. A nivel externo, entre tanto, la imagen institucional de la organización se verá favorecida, al igual que la marca como tal.
Estos son algunos de los motivos y beneficios que justifican que una compañía emplee profesionales especializados en desarrollo sostenible. Solo así la empresa podrá estar a la vanguardia, al seguir tendencias de sostenibilidad que aseguren su crecimiento.
Fuentes:
Gestión. "Bancos deberán evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto".
Social Progress Imperative. "Índice de progreso social 2017".
Portal de negocios de ESAN Graduate School of Business. Desde el 2010 difunde contenido de libre acceso (artículos, infografías, podcast, videos y más) elaborado por los más destacados especialistas. Encuentra contenido en más de 15 áreas y sectores como Administración, B2B, Derecho Corporativo, Finanzas, Gestión de Proyectos, Gestión de Personas, Gestión Pública, Logística, Marketing, Minería, TI y más. ¡Conéctate con los expertos de ESAN y aumenta tu conocimiento en los negocios!
Raúl Odría, docente de ESAN Business Law, reflexionó en ATV+ sobre el impacto del aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026, la cual se incrementó en S/ 150, una cifra menor que los S/ 200 de años previos.
César Puntriano, profesor de ESAN Business Law, aclaró en El Peruano que el periodo de prueba tiene reglas específicas ante el reingreso de un colaborador. El experto explicó que, si un trabajador vuelve a la empresa antes de tres años y a un puesto similar, los tiempos laborados previamente se acumulan, por lo que no es exigible superar un nuevo periodo de prueba para gozar de estabilidad laboral.
Sandor Lukacs de Pereny, profesor de ESAN Graduate School of Business, sostuvo en Energiminas que el futuro de la minería peruana requiere dejar el modelo extractivo tradicional y adoptar un enfoque sistémico basado en economía circular, trazabilidad digital e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono. Advirtió que, aunque el Perú tiene avances normativos en IA, existen riesgos éticos por sesgos de datos y una brecha marcada entre la gran minería y las MIPYMES, lo que hace indispensable una articulación entre Estado, academia y empresa para impulsar una innovación verde inclusiva hacia 2030.