¿Qué riesgos institucionales y operativos puede generar que empresas operadoras tercericen funciones críticas como la respuesta a emergencias e incendios en plantas? 

Tercerizar no es un problema en sí mismo. El problema aparece cuando se terceriza una función que exige memoria operativa y conocimiento detallado de todas las instalaciones. Si se depende de personal que no está plenamente integrado a la operación de manera permanente, el riesgo puede ser mucho mayor. Puede haber mayor fricción en la coordinación, menor trazabilidad de responsabilidades y respuestas menos robustas ante emergencias. No se puede tercerizar libremente aquellas operaciones que son el corazón del negocio.

¿Cómo puede afectar que la primera respuesta ante incidentes en infraestructuras críticas dependa de personal tercerizado que no forma parte permanente de la operación?

Desde la perspectiva de la seguridad energética, el mayor problema no es laboral, sino sistémico. Cuando la primera respuesta ante situaciones críticas no está anclada al personal que forma parte de la operación, el país queda más expuesto a una eventual falla. En una emergencia, cada segundo importa. Si la familiaridad con las instalaciones no está internalizada, los costos no son solo empresariales: una interrupción puede derivar en racionamiento de energía o en un aumento del costo de los combustibles, lo que finalmente afecta a todos.

¿Qué rol deberían cumplir el Estado y los organismos supervisores para garantizar que decisiones empresariales no terminen comprometiendo la seguridad del sistema energético nacional?

El Estado no debería limitarse a reaccionar con medidas de racionamiento de energía cuando ocurren fallas. Debe exigir a las empresas capacidades sólidas de prevención y de respuesta rápida. Además, se necesita una supervisión que no se enfoque únicamente en el cumplimiento formal de normas, sino que sea más proactiva. También es necesario rediseñar la seguridad del sistema, ampliando capacidades y asegurando una matriz energética con mayores fuentes alternativas, como la energía eólica o solar. 

El suministro de gas y combustible en el país enfrenta una presión crítica. En este contexto, han salido a la luz una serie de cuestionamientos sobre lo que ocurre dentro de las plantas de procesamiento de Pisco y Malvinas, operadas por Pluspetrol. Trabajadores miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de Pluspetrol Perú S. A. (Sutrappec) alertaron que la empresa terceriza los servicios de atención de emergencias e incendios. Según afirman, la medida reemplazó a brigadas internas con experiencia y conocimiento de las instalaciones, lo que podría debilitar la capacidad de respuesta ante incidentes, pero la compañía optaría por la tercerización para reducir costos.

Mientras el país debate la reparación de ductos y la estabilidad del suministro energético, desde el sindicato advierten que estas decisiones empresariales podrían comprometer la seguridad de las instalaciones y, por ende, la seguridad nacional. Incluso, indicaron que Sunafil detectó vulneraciones en las condiciones de seguridad y les impuso sanciones.

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