Según la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por sus siglas en inglés), las fuentes renovables representaron el 92,5 % de la capacidad eléctrica nueva en el mundo en 2024. En el Perú la transición tiene una particularidad: el gas natural de Camisea, en operación desde 2004, es la base sobre la que se construye.

La política energética vigente (Decreto Supremo n.^o 064-2010-EM) se aprobó hace dieciséis años. Los riesgos actuales piden otra visión.

¿Qué riesgos enfrenta el Perú?

• Concentración del gas. Un solo sistema de transporte lleva el gas desde la selva hasta la costa. Si falla, la electricidad se produce con diésel y sube el costo marginal de corto plazo (CMCP), que pagan los clientes libres y, con rezago, los regulados.
• Hidrología. La generación hidráulica depende del clima. En un año seco o con El Niño entra más generación térmica y, sin infraestructura alternativa, el costo recae sobre los usuarios.
• El país importa crudo y diésel, productos de alto valor, y exporta gas natural licuado, de menor valor. La balanza de hidrocarburos sigue siendo negativa.
• Cuando los planes de transmisión se retrasan, las líneas se congestionan y el sistema opera con centrales más costosas.

¿Por qué falla la planificación?

La planificación existe en la norma, pero cambia con cada gobierno y no tiene equilibrio entre seguridad y economía. Además, el Estado debe cuidar que la política del sector no se confunda con la de sus propias empresas.

La pregunta útil para decidir es cuánto nos arrepentimos de no tener la infraestructura cuando ocurre el evento. La Ley n.^o 29970, aprobada en 2012, ya planteó ese criterio. Según estimaciones del autor, el sobrecosto que pagó el sistema en un año de El Niño con restricciones de gas puede igualar el costo del ducto que lo habría evitado.

¿Qué visión de política energética necesita el Perú?

La propuesta se resume en cinco principios:

1. Primero seguridad, luego economía. La seguridad tiene un precio sombra que el planificador incorpora al evaluar los proyectos.
2. Fondos autorizados y supervisados. El Estado financia los costos fijos e iniciales con fondos como el FISE, concursados y bajo control de entidades públicas.
3. Concursos como regla. El mercado define el costo; el Estado identifica y quita barreras.
4. Subsidiar la inversión, no el consumo. Esta acción se debe focalizar en los más pobres.
5. La política es restricción. Ordena la acción del Ministerio de Energía y Minas y separa los negocios competitivos de los monopólicos.

Para dar constancia a esta política, una agencia técnica independiente, creada por convenio con las universidades, emitiría cada año un informe de situación y perspectivas del sector. No dicta la política: abre el debate con opinión académica, sin sesgo político, y forma ingenieros y economistas en planificación.

¿Qué puede aportar la formación en gestión de la energía?

Estos riesgos no se gestionan solo con tecnología. Exigen entender cómo se fija el CMCP, cómo se regula una red, cómo se estructura un concurso y cuánto cuesta no estar preparado.

Si buscas desarrollar esas competencias con docentes que han regulado y planificado el sector, participa en la Maestría en Gestión de la Energía Semipresencial de ESAN.