Y la renovación, ¿para cuándo?

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La renovación del contrato a Telefónica sigue en stand by. El Estado debería acelerar este proceso, pues mientras la negociación sigue entrampada, se van produciendo una serie de situaciones y fenómenos que podrían afectarnos a todos los usuarios. También es necesario fortalecer al regulador Osiptel en su autonomía y presupuesto para fiscalizar adecuadamente a las operadoras.

renovacion_contrato_telefonica.jpg Para entender el fenómeno de la telefonía en nuestro país debemos situarnos en contexto. Corría el año 1995 cuando se privatizó la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), con lo cual se daba inicio al despegue del servicio de telefonía en nuestro país. Esta es una verdad que no admite dudas, pues así nos lo dicen las cifras. Veamos.

En el momento de la privatización de la CPT operaban, bajo la acción de un único operador telefónico, escasamente 50,000 celulares. De estos, casi la totalidad se encontraba en Lima, pues en provincias la cobertura era casi nula. Para combatir esto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Osiptel se plantearon como principal meta ampliar la cobertura y generar competencia.

Las políticas de las entidades mencionadas empezaron a rendir frutos, pues no solo ingresaron nuevos operadores al mercado (Claro y Nextel), sino que para el 2007 existían 7 millones de celulares en todo el país, y la cobertura se había ampliado al 35% del total del territorio nacional. A la fecha, podemos ver que la competencia ha generado que la oferta crezca mucho más, pues hoy operan más de 33 millones de teléfonos móviles, mientras que el problema de la cobertura ha sido resuelto, llegando ésta al 95% de los distritos del país.

Como hemos dicho, lo que se buscó inicialmente en el sector fue solucionar problemas de cobertura y oferta. Para lograr esto probablemente se sacrificó la calidad del servicio, el cual es un aspecto que el actual presidente de Osiptel, Gonzalo Ruiz, viene priorizando. Precisamente, por esto es que no se entiende el porqué permanecen entrampadas las negociaciones entre Telefónica y el Estado.

Es cierto que la SUNAT exige el pago de una deuda tributaria al operador español, y que por ello existe un litigio entre ambas instituciones, pero ningún argumento del contrato dice que debemos esperar a que el tribunal fiscal falle, por lo que este proceso no debería representar un óbice para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

También es cierto que el Estado, con toda legitimidad, busca mejores condiciones para un virtual acuerdo, las cuales deberían incluir mejor calidad de la señal móvil, mayor inversión para ampliar la cobertura de Internet y mayor velocidad para los usuarios, etc., pero la demora en concretar la renovación (de tres concesiones) complica algunos aspectos.

Debemos tener presente que cuando una empresa de las dimensiones de Telefónica no cuenta con seguridad jurídica para operar, no invierte lo que debería. Más aún, las empresas a las que de algún modo les interesaría que Telefónica se vaya, y así poder capturar mayor porción del mercado, han frenado sus inversiones.

No olvidemos que hasta la fecha hay un fuerte desembolso en infraestructura por parte de las compañías telefónicas, el cual supera los US$ 19,000 millones. Pronto se viene también la renovación de los otros operadores, y no hay duda de que estos ya están preocupados por la incertidumbre jurídica que se está generando. Por lo tanto, es poco probable que prolonguen sus inversiones sin la garantía de que podrán recuperarlas, por lo que al final los grandes perjudicados seremos los usuarios.

Y por último, el Estado también debería tomar en cuenta la cantidad de personas que quedarían desempleadas si la renovación no se concreta, pues la operadora española ocupa actualmente a más de  22,000 trabajadores.

Todo lo antes expuesto deja claro que cambiar a un operador de las dimensiones de Telefónica no es un tema sencillo. La situación actual de las negociaciones es un mal mensaje para los inversionistas, no solo en el ámbito de telefonía, sino también para aquellos que deseen incursionar en otros sectores.

sumillas_telefonia_jimenez.jpgNo solo podrían estarse deteniendo las inversiones futuras, sino que también se dilatan las actuales, además de existir un justificado temor por parte de los trabajadores, los cuales ven peligrar su empleo. Finalmente, y no menos importante, los consumidores estamos dejándonos de beneficiar y, muy por el contrario, nos estamos perjudicando.

En conclusión, es vital que el Estado como concedente decida en el más breve plazo esta situación, lógicamente negociando racionalmente en provecho del país y los consumidores. También es necesario fortalecer al regulador Osiptel en su autonomía y presupuesto para fiscalizar adecuadamente a las operadoras en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En su opinión, ¿qué debería exigirle el Estado a Telefónica para una renovación de sus concesiones? ¿Cuál es el papel que deberían jugar el MTC y Osiptel en este caso?



Esta entrada contiene un artículo de:
Alejandro Jiménez
Bachiller en Ciencias Marítimo Navales de la Escuela Naval del Perú y Oficial de Marina. Estudios de Posgrado y Maestría en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Diplomado en el curso de Alta Estrategia y Política del Centro de Altos Estudios Nacionales-CAEN. Ex Gerente General de Osiptel. Profesor de la Maestría en Dirección de Tecnologías de Información de ESAN
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