La ética y la moral en la política pública

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El impacto de los principios de la ética en la función pública puede ser muy relevante en todo sentido, especialmente en el aspecto económico. Pablo Ayala, profesor de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, menciona, a manera de ejemplo, la cantidad de recursos que se gastan para combatir la corrupción, incluyendo el sistema judicial y penitenciario.

ayala_etica_moral.jpg¿Qué se necesita para que el funcionario público pueda tomar decisiones y evaluar políticas alternativas sobre la base de principios éticos y morales?

El planteamiento tiene una doble dimensión. Por un lado está la cuestión de la toma de decisiones a partir de criterios morales y, por el otro, la cuestión de la definición y la evaluación de las políticas públicas; digamos que cada una de esas dimensiones tiene sus propios referentes de actuación. 

En lo que se refiere a la toma de decisiones, éstas deberán partir de, como dijera Michael Walzer, de una idea o referente claro de lo que significa la justicia y las esferas (o ámbitos) donde ésta se cristaliza. 

Por ejemplo, las pautas con las cuales se maneja un Ministerio de Educación con vistas a realizar los fines sociales a los cuales sirve, no deberían regir para otras esferas de la sociedad, como por ejemplo, el sector salud  como procurador de justicia. En otras palabras, un líder magisterial no debería "ordenar" el funcionamiento de otros sectores que no son los de su ámbito y viceversa, el ministro de salud no debería manejar el rumbo de la educación de un país. Este es un principio clave para poder definir y evaluar si las políticas públicas están dirigiéndose hacia el fin que les da sentido y las legitima tanto social como moralmente.

¿De qué factores depende que las instituciones públicas realicen con eficacia y justicia las funciones que les han sido atribuidas?

Siguiendo la lógica de mi respuesta anterior y, por ende, de este politólogo Walzer (o a la actual generación de la denominada escuela de Frankfurt), quisiera comentar que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando todos los países es que la racionalidad económica se ha apoderado de muchas de las dinámicas sociales poniendo en grave riesgo algunos compromisos que todo gobierno, por justicia, debe asegurar y cumplir a sus gobernados. Por ejemplo, de nada sirve la buena voluntad de un ministro de salud si la política económica nacional está ajustada a los lineamientos del consenso de Washington: privatizar los servicios sociales.

Esto obviamente hace que las acciones que se realizan en sectores sociales, por ejemplo, se vean "deslucidas" porque los recursos con los cuales operan son muy pocos. Piense usted en el caso de las personas que están exigiendo apoyo al gobierno peruano para poder continuar con sus tratamientos de hemodiálisis. La respuesta que los institutos de salud han ofrecido últimamente es que no se cuenta con los insumos para poder ofrecer el servicio. ¿Estamos ante un despropósito moral o ante una decisión con un trasfondo económico? 

Evidentemente, la decisión tiene un impacto doble: privilegiar una racionalidad económica para hacer "rendir" los fondos públicos obliga al tomador de decisiones a poner "en suspenso" algunos criterios de justicia que deberían ser tomados en cuenta si acaso queremos ser congruentes con esa máxima kantiana que sirve de sustento a los derechos humanos: "todos los seres humanos somos fines en sí mismos y no solo medios para algo". 

Desde esa perspectiva de justicia deberíamos pensar que los recursos públicos deberían beneficiar tanto a las personas que ahora mismo "no son económicamente productivas" como a las que lo son. 

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¿De qué manera pueden impactar los principios de la ética en la función pública?

El impacto puede ser muy relevante en todo sentido, especialmente en el económico. Piense usted en la cantidad de recursos que se gastan para mantener en marcha la maquinaria de la corrupción, para combatirla, para sostener al sistema judicial y al penitenciario.

Si la gente actuara con justicia, es decir, conforme a las pautas morales de una sociedad global que se rige por los principios de una ética cívica (libertad, igualdad, solidaridad, respeto y diálogo), se reducirían en gran medida gastos inútiles y muy onerosos que podrían estar invirtiéndose en áreas que los necesitan con urgencia. ¿Alguna vez se ha pensado en lo que nos cuesta a los países latinoamericanos la corrupción y nuestro desdén hacia un comportamiento a una ética cívica, es decir, una con sentido público?  

¿Qué efectos se espera que genere el retomar valores como el respeto, la igualdad y la libertad en el funcionamiento de las instituciones y el orden social?

Tal como señalaba en mi comentario anterior, ninguna persona, más allá de su religión, cultura, valores aprendidos en la infancia, etc. puede considerarse que es tratada con justicia si no es libre de llevar a cabo sus proyecto de vida o no tiene el mismo derecho a realizarlo si algunos derechos básicos le son negados por su lugar de nacimiento, género, raza, nivel educativo, etc. Los cinco valores mínimos que constituyen el marco de una sociedad que aspira a la justicia posibilita, como dice Adela Cortina, la realización de los proyectos de vida (una idea máxima de felicidad, plenitud, realización).

¿Qué acciones propondría usted para que los funcionarios públicos actúen guiados por principios éticos y morales?



Esta entrada contiene una entrevista a:
Pablo Ayala, PhD
Doctorado en Ética y Democracia. Universidad de Valencia, España. Maestría en Educación, con especialidad en humanidades. ITESM-México. Licenciatura en Ciencias de la Educación. Universidad Kino, México. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Formación Humanística y Ciudadana del ITESM, Campus Guadalajara. Profesor de la Maestría en Gestión Pública de ESAN
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