
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si en los países latinoamericanos se produce la ampliación de la banda ancha a una escala del 10%, se generaría un incremento promedio del 3.2% en el PBI y un aumento de la productividad de 2.6%. A su vez, dicho estudio refiere que un incremento de la conectividad mejoraría la competitividad de pequeñas y medianas empresas, y permitiría a su vez servicios públicos más eficientes especialmente en las áreas de salud y educación.
En ese sentido, la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica -declarada de necesidad nacional en la Ley 29904- mediante la cual se busca integrar en un mediano plazo a las 195 capitales de provincia del Perú, es un paso importante. Se espera, además, que dicha red facilite la reducción de costos de los servicios de telecomunicaciones y, por ende, que con ella se logre un mejor acceso a la información.
En adición a ello, y aparte de promover la descentralización del tendido de fibra óptica en el país (68.25% de conexiones se ubican en Lima y Callao), la citada norma ha establecido que la velocidad mínima de transmisión de datos para que la red sea catalogada como "banda ancha" sea superior a 2Mbps, lo cual constituye un avance importante ya que en la actualidad el 39.9% de la población accede a Internet utilizando conexiones de menos de 1Mbps.
Con la mencionada ley se ha dado un primer paso, aunque se necesitan más iniciativas que promuevan un crecimiento de la banda ancha en nuestro país. Para lograrlo es necesario que el Estado tome acciones como reducir los impuestos especiales a las telecomunicaciones, establecer marcos regulatorios sostenibles para el sector y generar un sistema de licencias común para Internet, televisión y telefonía.
Para Alejandro Jiménez, profesor de la Maestría en Dirección de Tecnologías de Información de ESAN, un tema que no se ha tocado y que está aún por definir es el rol subsidiario del Estado. "La Comisión Nacional de Banda Ancha logró un trabajo concertado entre el MTC, Osiptel, operadoras y entidades afines, y presentó su informe final a mediados de 2011", nos recuerda Jiménez. "Si bien la Ley 29904 ha recogido muchas de las recomendaciones del mismo, lo que ha faltado es definir con claridad el rol subsidiario del Estado", agrega.
Jiménez también sostiene que la citada norma está referida sobre todo a la oferta, la cual considera importante, pero le preocupa que no se haya desarrollado el tema de la demanda. "La ley se enfoca en la oferta, lo cual es de suma importancia para el desarrollo integrado del país, pero ha dejado de lado la demanda. Ésta debe ser estimulada paralelamente, propiciando la creación de contenidos y aplicaciones que impacten en la calidad de vida de las personas".
Precisamente, el profesor de ESAN opina que la principal razón de buscar el desarrollo de la infraestructura debe ser la demanda. "Instituciones de gobierno, educación, telemedicina, programas sociales, justicia, seguridad, acceso a mercados utilizando intensivamente Internet, deben ser la razón principal de promover la infraestructura", subrayó.
¿Cree usted que, tal como se ha planteado, la ley 29904 solucionará los problemas de conectividad y acceso a Internet en nuestro país?

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Arturo García, docente de los programas de Finanzas de ESAN, explicó en RPP cómo elegir la cuenta de ahorros ideal según el perfil del usuario, destacando las opciones digitales sin mantenimiento y las cuentas sueldo. El experto recomendó confiar en el sistema financiero peruano y recordó que el Fondo de Seguro de Depósito protege hasta 118 000 soles, por lo que descartó guardar dinero "bajo el colchón" y sugirió explorar alternativas como los fondos mutuos.
Jorge Bravo Cucci, profesor de ESAN Business Law, explicó en ATV+ que el sector inmobiliario superó el estancamiento generado por la inestabilidad política y la pandemia, mostrando un renovado dinamismo. Asimismo, recordó la obligación de pagar el 5% de impuesto a la renta por el alquiler o venta de una segunda vivienda e instó a la formalización, señalando que exigir comprobantes de Sunat permitió a los inquilinos deducir impuestos y combatir la alta evasión.