La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Justicia del Parlamento, ha generado la preocupación del sector empresarial pues en ella se propone que las investigaciones policiales y fiscales para los delitos tributarios se realizarán bajo los mismos procedimientos que los delitos de homicidio, secuestro, trata de personas, pornografía infantil, terrorismo, entre otros.

Por ejemplo, la autoridad judicial podrá disponer el levantamiento del secreto bancario, la interceptación de las comunicaciones y el seguimiento y vigilancia con agentes encubiertos, entre otras estrategias, como parte de las investigaciones preliminares, según publica el diario Gestión.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación porque de esta manera el gobierno pone en el mismo saco los delitos tributarios con los crímenes mayores, los cuales exceden el propósito del proyecto de ley presentado. "Mezclar los delitos no solo constituyen un despropósito, sino que más bien beneficiaría a los criminales y complicaría el trabajo de la policía", indicó Samuel Gleiser, presidente de la CCL.

Por su parte el nuevo titular de la Confiep, Alfonso García Miró, sostuvo que "si las normas están hechas para atrapar delincuentes no hay problema, pero si lo que buscan es hacerle la vida complicada a las empresas, entonces no nos parece". A su turno, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, consideró que el Ejecutivo confunde el verdadero espíritu de la norma. "El peligro de una legislación como esta es que desincentiva la inversión privada", refirió.

Para Jorge Picón, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, la propuesta de ley es excesiva porque puede convertirse en un peligro inminente para los inversionistas. "Un mensaje claro: no se combate la evasión por ley; es decir, la informalidad en el país ha alcanzado proporciones altísimas y preocupantes, y no se ve ningún paso decidido de la Sunat en su combate. Solo se ha centrado en el sector formal", expresó.

Señaló además que los delitos tributarios ya tienen severas penas, pero en los últimos 12 años no se sabe de ningún caso que haya remecido los medios de prensa o al sector empresarial. "Proponer que se traten los delitos tributarios como crímenes organizados es como darle armas de guerra a la policía; no es que en algún caso no vayan a ser de utilidad, pero lo más probable es que los excesos y daños innecesarios superen los beneficios de tal medida", puntualizó.

¿Está usted de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo para tratar los delitos tributarios como crímenes organizados?

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Jorge Picón Gonzáles

Abogado - Universidad de Lima. Magíster en Administración - ESAN. Doctorado en Derecho Empresarial - Universidad de Sevilla. Socio de Picon & Asociados, Asesores Tributarios. Se ha desempeñado como Intendente Nacional Jurídico y Gerente de Procedimientos Tributarios en la SUNAT. 

Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN