La ministra de la Producción, Gladys Triveño, explicó que a partir del 5 de julio de este año, los trabajadores bajo el régimen laboral especial deberán pasar al régimen laboral general, ya que así lo estipula la Ley 28015 y no se dará ninguna prórroga, según un artículo en el diario Gestión.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), unas 25,000 microempresas formalizadas entre julio de 2003 y setiembre de 2008 se verán perjudicadas por esta decisión. No obstante, para el Ministerio de la Producción la cifra exacta es de 23,739 microempresas, ubicadas solo en Lima Metropolitana.

El régimen especial permite que las mypes paguen a sus trabajadores una remuneración mínima vital de S/. 750.00 y darles vacaciones solo por 15 días. Al respecto, el gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), Eduardo Ferreyros, sostuvo que si no se produce una ampliación de los beneficios "las empresas y el Perú perderían competitividad". Por ello, pidió al Congreso que se inicie el debate de los proyectos de ley que plantean la ampliación.

La ministra Triveño sostuvo que las reglas de juego bajo las que se concibieron dichos contratos laborales fueron claras desde un primer momento. "Se tiene que tomar en cuenta que cualquier iniciativa para ampliar la vigencia del régimen especial o hacerlo permanente podría afectar los derechos y principios constitucionales, como la libertad de contratación y empresa, que se reclaman cuando por ley se modifica algún beneficio a los empresarios", manifestó.

Anunció que su despacho está trabajando un proyecto integral en el que se considera incentivos a lo largo de la cadena de valor de los emprendimientos, los cuales serán evaluados y discutidos con los ministerios de Economía y de Trabajo.

Germán Lora, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN señaló que el régimen laboral general causa sobrecostos de hasta 50% en las empresas, según los estimados más conservadores, mientras que en el régimen especial el sobrecosto es de 10%. "Esto nos permite darnos cuenta que muchas microempresas no podrán adecuarse al nuevo sistema y morirán en el intento", refirió.

Lora consideró que esta decisión significará un retroceso en el camino de la formalización de las mypes. "Son pasos en contra que deberían frenarse", apuntó. Agregó que otro aspecto de preocupación es el hecho de que haya una discriminación entre las mypes que se acogieron a la Ley 28015 con aquellas que se sumaron a los beneficios de la nueva Ley MYPE del año 2009.

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Germán Lora Álvarez

Abogado socio del Estudio Payet Rey Cauvi con especialización en Derecho Laboral, Derecho Previsional y Derecho Mercantil. Con estudios de Posgrado, Universidad de Castilla La Mancha. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de Navarra. Licenciado en Derecho, Universidad de Lima.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN