Como era de esperarse, el Pleno del Congreso aprobó con 91 votos, entre ellos ocho de la bancada de gobierno incluyendo la propia Vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza,  la derogación de la Ley de Empleo Juvenil, conocida también como "Ley Pulpín", en medio de una ola de críticas y protestas contra dicha norma propuesta por el Ejecutivo.

Cabe recordar que el Gobierno ya había publicado un proyecto de reglamento de la norma para su discusión. Justamente, en un artículo anterior, Jorge Toyama, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, consideró que dicho reglamento reforzaba los candados para evitar abusos contra los jóvenes, detallando los casos de incumplimiento y sanción, así como garantizando que los jóvenes pasan al régimen general en estos casos ilegales.

Tras la derogatoria de la norma, Ricardo Herrera, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, sostuvo que de ahora en adelante resultará inviable políticamente un cambio legal que promueva el empleo juvenil reduciendo los beneficios laborales. "Habrá que buscar alguna alternativa de reducción de costos laborales sin recortar beneficios", anotó.

El experto puso como ejemplo la experiencia colombiana, que creó en el 2010 un régimen para jóvenes hasta los 28 años. "En este caso, el Estado subsidiaba el costo del seguro social -que representaba el 15% del sueldo- haciendo mucho más conveniente para las empresas contratar a personas dentro de este grupo", refirió.

Herrera planteó que este sistema se adopte en Perú, ya que lo que inicialmente se deja de recaudar en seguridad social será compensando en parte por la mayor recaudación del Impuesto a la Renta. También consideró que se podría fomentar la contratación de jóvenes reforzando el régimen de formación laboral juvenil, en el cual se capacita al joven en un oficio pero contratándolo fuera de planilla. 

Por su parte César Puntriano, también profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, manifestó que, a pesar de ser una buena norma, el camino elegido por el Gobierno para su aprobación no fue el más adecuado. "A la Ley de Empleo Juvenil le faltó más diálogo y legitimidad. No debió imponerse. El camino adecuado era el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)", enfatizó.

El experto afirmó que es muy poco probable que el Ejecutivo pueda impulsar otra reforma laboral y mucho menos aprobar la Ley General de Trabajo, más aún si el clima político entra a una campaña electoral. "Por ahora el Gobierno debe preocuparse por fortalecer la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil), que ha sido debilitada por los constantes cambios en su jefatura", dijo.

¿Cree usted que el gobierno debe insistir con una nueva reforma laboral?

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César Puntriano Rosas

Abogado laboralista, profesor universitario y conferencista, Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de artículos sobre temas de su especialidad. Director del Area Laboral de PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN.

Ricardo Herrera

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Derecho Constitucional (Pontificia Universidad Católica del Perú). Actualmente Socio Principal del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman y Olaya Abogados.

Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN.