
Ante las objeciones políticas en Cajamarca contra el Proyecto Conga, ¿considera usted que debe cerrarse definitivamente dicho proceso o que el Gobierno debe insistir en su puesta en marcha?
El tema de Conga es más político que ambiental, y la bandera ambiental se agita para lograr inscribir partidos políticos (MAS, Tierra y Libertad, por ejemplo), así como para fortalecer a grupos que de esta manera logran votos. El tema ambiental es secundario y se basa en una enorme desinformación.
El proyecto Conga lleva al menos 8 años de preparación (concesión minera, exploración, EIA) y no surgió de la noche a la mañana. En octubre del 2010, el Estado Peruano otorgó la Licencia Ambiental para la explotación del yacimiento y en noviembre del 2011 empiezan las protestas políticas. Los pobladores de la Zona de Influencia Directa están de acuerdo y ya se había empezado a contratar a cerca de 4,000 trabajadores.
El Estado no puede retirar la licencia porque se violaría el estado de derecho y sería un pésimo mensaje a los inversionistas. Se debe seguir dialogando con los verdaderos actores involucrados y creo que se logrará implementarlo, aunque con demoras. No olvidemos que el proyecto Camisea fue detenido por 20 años por grupos de Cusco. Al fin debería primar la lógica y el interés de Cajamarca y del país.
¿Cuáles son las políticas tanto públicas como de RSE que deben implementarse para hacer llevaderas y complementarias las actividades de la minería y de la agricultura?
Las políticas están establecidas y la RSE está mejorando con 211 empresas que forman parte del Pacto Mundial de la ONU y muchas que tienen ISO 14001, ISO 18001, OHSAS y otras certificaciones. Esto se puede verificar en Perú 2021. El tema es de mayor difusión y control para que se cumplan las normas. Las instituciones del Estado comunican poco o mal, y eso genera incertidumbres en los actores y usuarios.
La agricultura puede coexistir perfectamente con las actividades mineras, y basta ver los resultados de Tintaya-Antapacay con el apoyo a los ganaderos de la zona, de Colquirumi en Cajamarca y muchos otros ejemplos. Más aún, la minería puede ser un factor dinamizador de las actividades agropecuarias sostenibles si se invirtiera bien el canon minero por parte de las regiones y se apoyara a los pequeños productores.
En 2010 usted instó a los que cultivan coca en el VRAEM que cambien a productos orgánicos, como el cacao o el café. ¿Por qué no se ha podido lograr esta transformación?
El problema del VRAEM (Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) es la pacificación y la sustitución de la coca con productos competitivos, como el café, el cacao, la acuicultura y otros. Se ha iniciado a través de DEVIDA esta sustitución, pero la implementación es lenta por el apoyo del narcotráfico a la coca. Además, este apoyo debe ser de varios años en capacitación, acompañamiento para el cultivo, conseguir mercados, etc.
Pensemos que el cultivo de la coca tiene financiamiento del narcotráfico, está ya instalado y tiene mercado, aunque ilegal. Cambiar esto no es posible en pocos años. Son procesos que sobrepasan los períodos de un gobierno.
Finalmente, ¿cuáles deben ser las metas que debe exigirse el actual gobierno al 2016 en materia agropecuaria y ambiental?
El mayor problema ambiental hoy es la minería ilegal que avanza como un cáncer y genera enormes impactos ambientales y su control es sumamente importante en la gestión ambiental. En materia agropecuaria, lo urgente es apoyar a los pequeños productores agrarios, especialmente en la sierra, donde están los bolsones de pobreza.
A nuestros lectores, ¿considera usted que el Gobierno debe mantener la licencia ambiental al proyecto Conga a pesar de las protestas?

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