No debemos poner al gato de despensero. No se puede hacer un concurso oferta si no se establece un monto fijo de inversión (una suma alzada o EPC). En el concurso oferta "made in Peru" se establece un diseño básico con metrados, precios unitarios y presupuesto inicial, pero el ganador debe preparar el EDI y definir el monto de inversión. Obviamente, en precios unitarios el constructor gana un porcentaje de lo gastado, invertido y, por ende, tiene el incentivo de gastar más. Además, si consideramos que el constructor tiene el encargo de hacer el diseño, no debe sorprender que éste busque que el gasto sea mayor para lograr un crecimiento de sus utilidades.

Los defensores de este gran negocio dirán que el diseño que ellos hacen es mucho mayor porque "los estudios básicos eran deficientes, con errores", lo cual es cierto y por ello el margen aceptado entre estudios básicos y EDI puede ser de más o menos de 25%, pero no 100% y menos 300%, salvo que cambien los criterios de diseño intencionalmente para gastar más.

Un requisito indispensable en el siglo XXI en concesiones y APP es que la llamada matriz de riesgos (matriz de distribución de riesgos, los riesgos no deben compartirse sino distribuirse) sea parte integral del proyecto, esté incluida en las bases y sea un anexo al contrato de concesión. ¿Por qué en el Perú no se aplica ello y se evita que luego de la buena pro el privado traslade riesgos y los costos inherentes a ellos?

¿Es posible que con más de 20 años de experiencia Proinversión dé la buena pro a una empresa privada que no presente un compromiso de financiamiento serio para una línea del Metro de Lima? ¿Qué creen que ocurrirá con este garrafal error? ¿Se dan cuenta el MEF y la Contraloría que este es un error conceptual, de buenas prácticas? Obviamente esta equivocación es capitalizada por el empresario privado, que después de la buena pro indica que se necesita renegociar el contrato para poder gestionar el financiamiento. ¿Qué plantea? Que una empresa de su propio grupo económico los financie, lo cual generará que el financiamiento sea más costoso que si se hubiera hecho un proceso competitivo, además de otras condiciones que rompen el equilibrio acordado en perjuicio de los usuarios y del Estado. El MEF debe ceder ante las exigencias de estimular la economía pero obviamente ya no quiere dar más buenas pro que resulten tan dañinas.

Un primer error conceptual del caso del párrafo anterior es dar la buena pro a quien no presente un compromiso de financiamiento firme, serio. Esto es inaceptable. En el peor de los casos, al no tener financiamiento, debió establecerse el costo máximo a pagar de intereses por dicho financiamiento. Una buena práctica internacional establece que el banco de inversión (Proinversión en el Perú) continúe su labor después de la buena pro hasta que se logre el cierre financiero. Pero en el país no es así. Proinversión cobra sus honorarios (o reembolso de gastos como le llaman) a la empresa que gana la buena pro sin acompañar el cierre financiero y perdiéndose toda la experiencia del diseño, de la licitación y del proceso de licitación. 

El MEF debe modificar la norma para que Proinversión cobre al lograrse el cierre financiero. Además, es necesario que responda, explique y sustente por qué se modifica el contrato o por qué se renegocia, cómo afecta al negocio y a las partes, respecto a la versión final del contrato del proceso de licitación, y que se rinda cuentas de por qué son necesarias tantas renegociaciones por los mismas razones, para aprender de los errores y tomar medidas correctivas.

¿Qué errores o problemas conoce o identifica usted en las concesiones ya en ejecución? ¿Cómo se pudieron evitar dichos errores?