Cancelación de Chinchero, el alto costo de firmar la adenda

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A través de un comunicado, el MTC decidió resolver unilateralmente el contrato de concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero con la empresa Kuntur Wasi "por razones de interés público, dentro del alcance del contrato de concesión y sus cláusulas de caducidad".

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¿Qué propuso Kuntur Wasi que no permitió llegar a un acuerdo con el Estado? Según declaraciones del ministro de Transportes Bruno Giuffra  al diario Gestión,  indicó que el Estado iba a pagar por los expedientes (una suma estimada de $24 millones), pero Kuntur Wasi no aceptó.

La empresa pidió una suma -en números gruesos- de $65 millones por sus inversiones a la fecha y no aceptó que Ositran audite el monto solicitado. En el mismo diario Gestión, con fecha 24 de junio, el excontralor de la República, Edgar Alarcón, indicó que la indemnización no debía exceder de los $20 millones.

Pasaban días y semanas y no se podía llegar a un acuerdo que sea equitativo para las partes. Pero ¿qué esperaban de un concesionario que pedía se le pagara 21 % anual en dólares de intereses? Esto llevó al gobierno a resolver el contrato de manera unilateral y esperemos que un organismo internacional especializado en APP como el CIADI (y no árbitros locales que no están preparados para  ello) determine el monto de la compensación que corresponde.



El contrato pudo resolverse por el incumplimiento en el cierre financiero dado que Kuntur Wasi no presentó un acreedor que cumpliera con los requisitos e incluso se le hubiera ejecutado la garantía de fiel cumplimiento de más de $8 millones.

Una indemnización evitable

El monto de la indemnización, que probablemente será mayor a $20 millones y puede llegar fácilmente a los $60 millones, se hubiera evitado si funcionarios del actual gobierno no hubieran firmado una adenda a un contrato que ellos mismos reconocían que tenía errores. El contrato pudo resolverse por el incumplimiento en el cierre financiero dado que Kuntur Wasi no presentó un acreedor que cumpliera con los requisitos e incluso se le hubiera ejecutado la garantía de fiel cumplimiento de más de $8 millones.

Dicha adenda se diseñó con criterios de obra pública y no de APP, desestimando la opinión técnica del Ositran (generando que renuncie su presidenta) y otros especialistas que indicaban que se desnaturalizaba el espíritu de la concesión. Al respecto los invito a ver mi artículo anterior: ¿Qué pasó con el aeropuerto de Chinchero?

No sabemos si la Contraloría determinará sanciones para quienes firmaron la adenda, pues el cambio de contralor puede modificar el curso de las investigaciones. El nuevo proceso de licitación permitirá hacer un contrato mejor y seleccionar un operador con experiencia en aeropuerto internacionales y generación de ingresos comerciales que reduzca el cofinanciamiento requerido e incluso el proyecto puede ser autosostenible (Lecciones por aprender sobre el caso Chinchero).

¿Cuáles son los siguientes pasos que debe efectuar el gobierno respecto al proyecto de aeropuerto de Chinchero? ¿Qué lecciones se pueden extraer de este caso?

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