¿Es viable una cartera de proyectos por $10 000 millones para el Perú?

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El director ejecutivo de ProInversión, Álvaro Quijandría, indicó que se tiene previsto adjudicar una cartera de proyectos valorizados en 10 000 millones de dólares para el 2018. Frente al anuncio de la entidad estatal surge una pregunta importante: ¿cuán viables, eficientes y productivas serán estas inversiones?

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En la lista de proyectos que se entregarán en concesión figura el proyecto de masificación del gas natural (gasoducto virtual en el sur con transporte por camiones), así como la línea de transmisión Carabayllo- Trujillo. También una  nueva subestación Carhuaquero, la subestación La Planicie y la subestación San Juan.

En el sector salud, la implementación de dos hospitales en Chimbote y Piura. Ambos demandarán una inversión aproximada de 238 millones de dólares. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de Salud del Niño, que considera un proyecto por 150 millones de dólares. En estos proyectos la construcción y equipamiento están a cargo de privados, mientras que el recurso humano le corresponde al sector público, sindicalizado y fuera del control del concesionario.

En cuanto a infraestructura de transportes se tiene planeada la construcción del Anillo Vial Periférico. Una carretera de 33 kilómetros que unirá 11 distritos de Lima que está estimada en 2000 millones de dólares. Asimismo, se proyecta adjudicar la reconstrucción y mejoramiento del tramo 4 de la Carretera Longitudinal de la Sierra,  un proyecto que demandará una inversión de más de 464 millones de dólares. Se suman además la Línea 3 y la Línea 4 del Metro de Lima.

Mientras tanto, en el rubro de agua y saneamiento se anunció por un valor de 708 millones de dólares la obra de cabecera de cuenca, la más importante para abastecer de agua a Lima. Además de la planta de tratamiento de aguas residuales en Huancayo, Tambo y Chilca por un valor de 90 millones de dólares. 



Se evidencia la ausencia de proyectos autosostenibles, dónde el privado no recibe pagos ni garantías del gobierno y asume los riesgos de construcción y financiación.

Riesgos y ausencias

Como se puede observar los proyectos anunciados son cofinanciados. Esto quiere decir que es el gobierno el que deberá pagar por las obras y/o asumir ciertos riesgos o garantías. En las declaraciones hechas por Quijandría se indicó que se están haciendo los estudios de ingeniería (con lo cual el sector público asume el riesgo del diseño), lo cual dará lugar a renegociaciones e incrementos de los pagos al cuestionarse la idoneidad o calidad de dichos diseños.  

Además, se resta uno de los beneficios más importantes que traen consigo las concesiones, de trasladar el riesgo de diseño y construcción al sector privado para así tener la certeza del monto a desembolsar por la obra y la fecha de entrega.

Así también se evidencia la ausencia de proyectos autosostenibles, dónde el privado no recibe pagos ni garantías del gobierno y asume los riesgos de construcción y financiación. Esto resulta extraño luego de haber sido presentadas en el pasado cientos de iniciativas en diferentes regiones del país

Parece mantenerse el criterio de obra pública financiada por el sector privado donde el gobierno retiene o asume los riesgos.  

Resulta difícil hacer cambios, mejoras y correcciones si continúan en el cargo quienes participaron del diseño y licitación de concesiones mal hechas y contratos deficientes. (Esto lo advertimos con anterioridad). No existe un aprendizaje para evitar que se repitan o magnifiquen los errores; incluso muchos de ellos son hoy asesores, docentes, especialistas que participarán en el diseño de futuras concesiones.

La meta es viable, pero con cambios

Entonces, ¿es viable destinar 10 000 millones de dólares en adjudicaciones de concesiones para el 2018? Sí, es posible. Pero también es posible que se construyan nuevos elefantes blancos, obras sobredimensionadas, sobrevaloradas y subutilizadas como IIRSA Sur, el gasoducto del sur o el aeropuerto de Chinchero.

Tener obras de costo elevado que endeudan al país por años y no generan rentabilidad social, o firmar contratos donde los concesionarios cobren por sus servicios y retrasen por años las inversiones comprometidas, es algo que como señalamos en otro artículo, no debe repetirse.

Es posible alcanzar y superar la meta incorporando proyectos autosostenibles,  alineando incentivos y haciendo contratos sin deficiencias con el objetivo de atraer inversiones y a los mejores operadores del mundo, con procesos de licitación competitivos.

Hasta el momento se han efectuado cambios positivos en la organización de ProInversión. Sin embargo, se requiere un análisis profundo de los errores y una reingeniería  en la administración de los recursos humanos, el recurso más valioso en toda organización.

 ¿Considera usted que las concesiones programadas por el gobierno tendrán éxito?

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