¿Debemos renegociar los contratos de concesión?

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En la presente coyuntura electoral, varios candidatos ofrecen renegociar los contratos de concesión. Sin embargo, esto puede generar un daño irreparable a la economía del país, pérdida de confianza de los inversionistas, fuga de capitales, estatización de empresas, además de perjudicar a los mismos usuarios y al sector público.

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Es evidente que la mayor parte de las renegociaciones de contratos realizadas han sido perjudiciales como queda claramente demostrado en las investigaciones y análisis al respecto, al aumentarse los pagos, generarse cobros adicionales, ampliándose los plazos, retrasándose las inversiones, reduciendo los montos de inversión, entre otros. Casos recientes son: la Línea Amarilla o nuevas vías de Lima, el alquiler de decodificadores de Movistar, el incremento de las tarifas eléctricas, las obras de IIRSA y otras concesiones como el Metropolitano, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Chavimochic, etc.

Ante esta evidencia real, muchos candidatos podrán responder que ellos sí lo harán bien, pero tal afirmación solo indicaría su desconocimiento del tema y el uso demagógico del mismo.

En primer lugar, una renegociación no debe alterar el equilibrio pactado a la firma del contrato, ni reducir la rentabilidad de los inversionistas; es decir, si pedimos obras adicionales o menores tarifas deberá ser compensado de alguna forma. Si un gobierno, por la fuerza o con amenazas de expropiación (como ha ocurrido en otros países), pretendiera alterar el equilibrio, el inversionista utilizará las garantías contra riesgo políticos, las cláusulas leoninas (que se incluyen en los contratos para evitar los abusos del concedente), que permitirán su indemnización y con ello todas las utilidades pactadas hasta el final de contrato de concesión.

Estas elevadísimas indemnizaciones serán pagadas por los peruanos. Estas indemnizaciones exorbitantes, a veces desconocidas por quienes firman, administran o renegocian los contratos, no son propias de una obra pública, sino de una Asociación Público Privada (APP), y permiten dar seguridad y estabilidad a los contratos, evitando que futuros gobernantes modifiquen arbitrariamente los compromisos y acuerdos.

sumillas.jpgEn segundo lugar, en el mundo de las APP y en la experiencia internacional existe el término "asimetría de la información", donde el operador privado tiene el 100% de la información del proyecto o de la concesión ya que es quien procesa, administra y puede filtrar, seleccionar, manipular la información que se utilizará en los procesos de renegociación.

Es increíble, pero real, que administradores de contratos u organismos reguladores, hoy, en el año 2016, no cuenten con el modelo económico financiero o la propuesta técnica ganadora que son la base, el punto de partida del equilibrio que deben mantener.

Si no saben qué hemos comprado, qué hemos pactado, ¿cómo podrán renegociar?, ¿usarán la información proporcionada por el operador privado? La mayoría, por no decir todos los contratos suscritos hasta hoy, no tienen la matriz de riesgos. Si el privado tiene clausulas exorbitantes y otros beneficios, es porque se compromete a asumir riesgos que no asumirá si el contrato se interpreta como si fuera de obra pública.

En tercer lugar, en el Perú y en el sector público no contamos con suficientes especialistas capacitados y preparados para administrar o renegociar contratos de concesión, incluso están atados por errores que se reiteran en el diseño de contratos como ya hemos descrito en artículos anteriores. Muchos profesionales tienen amplia experiencia en obras públicas, pero una APP no es una obra pública y la forma de gestionarla, supervisarla y regularla es diferente

Recordemos que las APP se impulsan para atraer a las mejores empresas del mundo con tecnología, conocimientos y recursos financieros. Ello implica que cuentan con recursos económicos para contratar a profesionales del primer mundo para que administren la concesión y, obviamente, también pueden contratar a los mejores estudios de abogados. Si a ello le sumamos lo descrito anteriormente, entenderemos por qué en Perú las empresas privadas ganan la mayoría (casi todos) los procesos de arbitraje y judiciales, así como todas las renegociaciones.

¿Considera usted que estamos preparados para solicitar la renegociación de los contratos de APP? ¿Tenemos la información y los recursos necesarios para mantener el equilibrio en una renegociación y no salir perjudicados? 



Esta entrada contiene un artículo de:
Enrique Cárcamo Cárcamo
MBA, ESAN, Diploma en Gestión y Dirección de Empresas, PUCP. Ingeniero Civil Colegiado,  PUCP. Consultor especializado en procesos de concesión de infraestructura. Amplia experiencia en el sector transportes.

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